Madrid, 16 feb (EFE).- El Tribunal Supremo ha apremiado al Gobierno para que agilice el cálculo del rescate de las radiales R-3 y R-5 de Madrid, inicialmente estimado en 570 millones de euros, si bien el alto tribunal elude fijar un importe concreto y urge al Ejecutivo a adoptar "sin demora" un acuerdo.
En una sentencia fechada el pasado 28 de enero a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo contencioso estima parcialmente el recurso de la concesionaria Accesos de Madrid contra el acuerdo del consejo de ministros del 27 de diciembre de 2023.
Dicho acuerdo aprobó una resolución complementaria para liquidar el contrato y determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración del contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de diversas autopistas de peaje.
Se trata de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409, resolución que se anula por no estar ajustada al ordenamiento jurídico.
La concesionaria alegaba en su recurso que "transcurridos más de cuatro años desde la reversión de las autopistas y del inicio de los procedimientos para la determinación de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), el Estado no ha concluido la liquidación completa de ninguna".
Accesos de Madrid destaca que la concesión fue adjudicada en 1999 por un plazo de cincuenta años, que las infraestructuras fueron correctamente construidas y puestas en servicio en 2004, y que la drástica caída del tráfico derivada de la crisis económica hizo inviable la concesión, conduciendo a la insolvencia de la sociedad y a la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores en noviembre de 2017.
El contrato quedó resuelto, pero la Administración "demoró injustificadamente la reversión efectiva de las autopistas hasta mayo de 2018", retraso que resultó "determinante para la cuantificación de diversas partidas de la responsabilidad patrimonial".
El Supremo lamenta que "pese a la claridad con que la que en una sentencia de 2025 estableció que debía dictarse ya, sin más demoras" la liquidación definitiva, lo cierto es que el consejo de ministros, "siguiendo su propio esquema cronológico, no procedió a dictar una liquidación definitiva, sino una complementaria que ahora se impugna". EFE
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