El PP ve una "cortina de humo" el nuevo plan anticorrupción del Gobierno: "El único plan es que se vaya Sánchez"

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha remarcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya había esbozado el actual paquete de medidas anticorrupción nueve meses atrás, como respuesta a un escándalo de corrupción ligado a la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. A juicio de Muñoz, el Gobierno está abordando ahora su aprobación en el Consejo de Ministros tras la sucesión de nuevos episodios vinculados a malas prácticas. La dirigente del Partido Popular considera que, en el contexto de diversas investigaciones que afectan tanto al presidente como a su partido, el plan presentado carece de la seriedad y el rigor necesarios para afrontar la situación. Esta posición fue expresada durante declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, recogidas por varios medios y difundidas este martes, según informó El País.

De acuerdo con lo publicado por El País, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta una serie de medidas para combatir la corrupción, que incluye el endurecimiento de las sanciones para empresas vinculadas a este tipo de delitos, junto a mecanismos de mayor control sobre los fondos asignados a los partidos políticos. Este paquete pretende ofrecer una respuesta institucional ante las dudas públicas surgidas durante la crisis reciente, tras las acusaciones dirigidas contra altos cargos del PSOE.

Según consignó El País, la portavoz popular cuestionó el momento y la motivación de la propuesta gubernamental, considerando que el único plan necesario para combatir la corrupción consiste en la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Muñoz manifestó textualmente: "El único plan anticorrupción que puede presentar Pedro Sánchez es la disolución de las cortes y la convocatoria electoral". Afirmó también que “ninguna persona puede comprender que un Gobierno que está asolado por la corrupción, con un presidente cuya familia y cuyo partido están investigados por corrupción pueda presentar ningún plan de corrupción que sea serio o riguroso”.

Tal como detalló El País, la representante del PP insistió en considerar la estrategia del Ejecutivo como una “cortina de humo más”, señalando que las iniciativas actuales buscan desviar la atención de los escándalos que afectan al Gobierno. Muñoz enfatizó que resulta paradójico que, según su punto de vista, el Ejecutivo impulse nuevas normativas en materia de integridad institucional al tiempo que continúan aflorando casos vinculados tanto a altos funcionarios como al entorno personal del presidente.

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros contempla, entre otras acciones, la revisión de los procedimientos de acceso y fiscalización de fondos públicos por parte de las formaciones políticas, así como la actualización de las penas dirigidas a aquellos agentes empresariales involucrados en casos de corrupción detectados por los organismos de control. Estas propuestas forman parte de una serie de ajustes legislativos impulsados por el Gobierno tras el impacto generado por la investigación sobre la presunta trama en la que se ha visto implicado el exsecretario Santos Cerdán, según agregó El País.

Durante su intervención, recogida por el citado medio, Muñoz recalcó que la sociedad española asiste a un “asedio” por parte de la corrupción institucional y que la respuesta del Ejecutivo resulta insuficiente frente a la gravedad de las circunstancias. Sostuvo que, para el Partido Popular, cualquier acción diferente a la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral supone una maniobra dilatoria y poco efectiva frente a la desconfianza creciente ante las instituciones.

La reacción del PP se produce en un contexto de creciente presión política sobre el Ejecutivo, que enfrenta tanto críticas de la oposición como investigaciones abiertas en torno a determinadas prácticas administrativas y económicas en distintas áreas del Gobierno y del partido en el poder. El País detalló que las nuevas medidas anticorrupción, ofrecidas como respuesta a estos desafíos, todavía deben superar los trámites pertinentes antes de su entrada en vigor definitiva.