La reciente rescisión de varios contratos de material de defensa y seguridad entre España e Israel ha dejado abierta la cuestión sobre el impacto que estas decisiones tendrán en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas españolas. Según consignó el medio Moncloa, el Ministerio de Defensa había reconocido una dependencia previa de ciertos componentes y tecnologías israelíes, aunque planteó su paulatina sustitución por alternativas nacionales o de terceros países. De acuerdo con la información difundida, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comunicó la conclusión del vínculo industrial con Tel Aviv en el ámbito militar hacia finales de 2025, medida tomada dentro de las sanciones para presionar al Gobierno israelí en el contexto del conflicto de Gaza.
El Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno tiene previsto informar este jueves ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, integrada por diputados y senadores, sobre distintas amenazas que afectan a la inteligencia española, entre ellas la detección de interferencias procedentes de Rusia y China. Según detalló Moncloa, la comparecencia de la general Loreto Gutiérrez, directora de Seguridad Nacional, responde a una petición específica del Partido Popular. Los grupos parlamentarios buscan esclarecer qué acciones se han implementado para asegurar a los socios de la OTAN la ausencia de interferencias externas en los sistemas de inteligencia compartida, así como mantener la confianza en los canales de intercambio de información sensible.
La inquietud sobre posibles injerencias de potencias extranjeras en la inteligencia española adquirió relevancia después de que los presidentes de las comisiones de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos republicanos, solicitara a la Administración Trump la limitación del intercambio de inteligencia con España. Esta petición se produjo tras la firma de un contrato por parte del Gobierno español con la empresa china Huawei, acuerdo que posteriormente fue rescindido en el verano de 2025, como publicó Moncloa. El Ejecutivo español defendió en anteriores ocasiones la adquisición de tecnología de dicha empresa, afirmando que "no existe ningún riesgo de seguridad ni de espionaje". No obstante, desde el Partido Popular se han planteado preguntas sobre eventuales vínculos del Gobierno con actores vinculados tanto a Rusia como a China, enfatizando la preocupación por la "creación de redes de influencia en las altas esferas del Gobierno que buscan presionar sobre cuestiones de especial vulnerabilidad o interés".
Informes recientes del Departamento de Seguridad Nacional han alertado sobre operaciones de influencia y espionaje llevadas a cabo por Moscú y Pekín, que persiguen la infiltración en los niveles más altos del poder político, económico y de seguridad nacional, de acuerdo con lo reportado por Moncloa. Este contexto ha motivado la convocatoria parlamentaria, centrada en examinar las salvaguardas españolas en materia de inteligencia y la garantía de la seguridad compartida dentro de la comunidad atlántica.
En paralelo a las cuestiones relativas a la seguridad internacional y las relaciones con Israel, el Partido Popular ha solicitado explicaciones sobre la ausencia de España en encuentros de alto nivel relacionados con la guerra de Ucrania, celebrados en diciembre de 2025 y enero del presente año. Moncloa señaló que esta inquietud forma parte de una ronda más amplia de preguntas al Gobierno sobre la política exterior y de defensa en un contexto geopolítico marcado por el conflicto en Europa oriental y las renovadas tensiones con Rusia.
El deterioro del satélite de comunicaciones militares SpainSat NG II también será objeto de la comparecencia oficial. Moncloa informó que, tras la pérdida funcional del satélite, dañada irreversiblemente por una partícula espacial, el Ministerio de Defensa y la empresa Hisdesat —filial de la operadora Hispasat, controlada por Indra— iniciaron el proceso para fabricar un satélite idéntico al afectado, que había sido lanzado en octubre de 2025. Las autoridades confirmaron que la comunicación por satélite de las Fuerzas Armadas no se vio comprometida puesto que el SpainSat NG II todavía no se encontraba en servicio en el momento del incidente.
Otro asunto relevante que se tratará en la sesión parlamentaria concierne al respaldo institucional otorgado a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. El Partido Popular busca saber si el apoyo ofrecido se ajustó al nivel de responsabilidad que representaba su cargo o si estuvo condicionado por los equilibrios políticos con las formaciones independentistas. Esteban enfrenta un proceso judicial por su presunta implicación en el caso Pegasus, vinculado al espionaje de representantes del entorno independentista catalán mediante el citado software de origen israelí, refirió Moncloa.
Finalmente, la agenda de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional incluye la solicitud de información por parte del Partido Popular sobre el naufragio del carguero 'Ursa Major', de bandera rusa y operado por la naviera Oboronlogistika, que se registró la noche del 23 de diciembre de 2025 a unas 60 millas náuticas de Cartagena. La seguridad nacional sigue atenta a las circunstancias en las que se produjo el incidente, dadas las implicaciones internacionales que pueden desprenderse del mismo, según subrayó el medio Moncloa.
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