
La controversia en torno a la lona colocada por la asociación Hazte Oír en las inmediaciones del Congreso continúa generando debate después de que el PSOE confirmara que recurrirá la decisión judicial que archiva provisionalmente la causa contra la organización. La jueza responsable había decretado el cierre al considerar que la acción se enmarcaba dentro de la crítica política y no constituía un delito de odio, una conclusión que el partido socialista rechaza porque interpreta el acto como una forma de señalamiento público y una incitación al odio y la violencia en el contexto político actual. Según informó Europa Press, el partido presentó su recurso después de conocer la resolución de la titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid, quien argumentó que los hechos carecen de relevancia penal tras examinar el contenido tanto de la lona como de otras actividades posteriores, incluidas pancartas y un camión, todo ello objeto del procedimiento inicial.
El PSOE expuso en su comunicado que respeta las resoluciones judiciales, aunque discrepa del sobreseimiento provisional decidido por la jueza. De acuerdo con Europa Press, los socialistas consideran que la lona no constituye una crítica política convencional, sino que representa “una acusación directa contra el presidente del Gobierno, con voluntad inequívoca de señalamiento público”. El equipo liderado por el secretario general, Pedro Sánchez, considera que estos gestos forman parte de una campaña de descrédito que tilda de organizada y prolongada, destinada a deshumanizar al líder del partido. Según el comunicado recogido por Europa Press, tales acciones, lejos de ser meros ejercicios de libertad de expresión, “promueven la violencia y el odio”.
La lona, cuya superficie superaba los 253 metros cuadrados, mostraba una imagen de Pedro Sánchez acompañada del término “corrupto” en letras grandes, así como referencias explícitas a supuestos casos vinculados al jefe del Ejecutivo, incluyendo textos como “caso Begoña”, “caso Ábalos/Koldo” y “caso fiscal general de Pedro Sánchez”, entre otros. El medio Europa Press detalló que la instalación se realizó cerca de las 11:00 horas, y que sería retirada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid en la madrugada del 20 de mayo, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción Número 9. Esta retirada respondió a una medida cautelar solicitada por el PSOE para proteger la imagen y el honor del mandatario.
Ferraz, sede federal del PSOE, ha profundizado en las motivaciones de su recurso al destacar que “señalar públicamente” al presidente del Gobierno con la palabra “corrupto” y sin condena previa, especialmente en un contexto de polarización política y reiteración de mensajes organizados, puede contribuir a erosionar la convivencia democrática. Europa Press publicó declaraciones del partido en las que se afirma: “La libertad de expresión no puede convertirse en coartada para el hostigamiento político”.
El PSOE también argumentó que la acción de Hazte Oír constituye el último episodio de una campaña “organizada, planificada y amplificada después con camiones, pancartas y proyecciones luminosas”, que consideran como parte de una operación de descrédito impulsada por sectores identificados con la derecha y la ultraderecha española. Según el partido, en palabras recogidas por Europa Press, no se trata de una pancarta improvisada, sino de una campaña que busca influir negativamente en el debate público y la percepción sobre el presidente del Gobierno.
Para los socialistas, organizaciones como Hazte Oír, a las que identifican como ultraderechistas, “viven de la provocación permanente, del señalamiento y de la confrontación”. El PSOE sostiene que permitir este tipo de manifestaciones sin consecuencias puede deteriorar la confianza pública y el respeto al funcionamiento institucional democrático. “Normalizar estas prácticas erosiona la confianza pública y deteriora el respeto debido a las reglas del juego democrático”, afirmaron en su comunicado, según reportó Europa Press.
La preocupación del partido se centra además en la protección del honor, la dignidad y la normalidad institucional. Los socialistas subrayaron que si bien la libertad de expresión resulta un pilar esencial de todo sistema democrático, “proteger el honor, la dignidad y el normal funcionamiento de las instituciones frente a campañas de descrédito organizadas” también debe considerarse fundamental. Rechazan la posibilidad de que la democracia se convierta en “rehén de quienes confunden crítica con difamación y odio”.
El documento judicial que motivó el archivo de la causa había confluido en que los hechos investigados carecían de relevancia penal y debían entenderse dentro del ámbito de la confrontación política, según la resolución a la que accedió Europa Press. No obstante, el recurso presentado por el PSOE argumenta que la acción sobrepasó los límites de la crítica legítima y se trasformó en un ataque personal que afecta al normal desarrollo de la vida pública y democrática.
La resolución judicial, el contexto de polarización política, la definición de los límites entre la crítica política y los ataques personales, y la responsabilidad de las organizaciones sociales forman el núcleo del debate, que permanece vigente en el escenario político español a la espera de la decisión sobre el recurso presentado.


