El prestamista Antonio Arroyo niega que estafara a decenas de personas y dos acusadas le señalan

Durante el proceso judicial que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Madrid, algunos de los acusados han detallado cómo funcionaba el esquema de operaciones y han reconocido que, en ocasiones, no se entregaba a los clientes la información ni las cantidades acordadas. Según informó el medio proporcionado, la acusación sostiene que una red presuntamente liderada por Antonio Arroyo perjudicó a familias vulnerables mediante préstamos hipotecarios en condiciones desfavorables, encubiertos bajo operaciones financieras opacas entre 2006 y 2012.

En las sesiones de la vista oral, que llevan dos semanas celebrándose, ocho personas y varias sociedades mercantiles enfrentan cargos por un supuesto delito continuado de estafa agravada, de acuerdo con lo publicado. El fiscal solicita para el principal procesado, Antonio Arroyo, una condena de ocho años de prisión y una multa de veinticuatro meses. Para varios de los intermediarios se reclaman penas que llegarían hasta los siete años de cárcel, mientras que para otros acusados se solicitan hasta cuatro. La fiscalía también reclama cuantiosas sumas en concepto de responsabilidad civil, tanto a título personal como subsidiario a las empresas involucradas, con el objetivo de resarcir a las víctimas por los daños causados.

Antonio Arroyo, señalado por testimonios como líder de la trama y uno de los prestamistas más destacados de España en aquel periodo, ha negado haber una conducta delictiva. En su declaración ante el tribunal, expuso que los clientes recibían información completa sobre las condiciones de los préstamos. Como reportó el medio citado, Arroyo señaló: “Se les detallaba el dinero, el plazo de entrega, el interés, en qué consistiría la hipoteca, que se hipotecaba su casa y que en seis meses el interés subirá al 29%”. Añadió que “si se firmaba es que cabía la posibilidad de que se pudieran pagar”, sin admitir en ningún momento un supuesto engaño.

No obstante, dos de las procesadas han afirmado ante el juez que actuaron como intermediarias y han concedido que la operativa incluía inducir a error a los perjudicados y ofrecer información engañosa. Una de ellas explicó que recibía solicitudes principalmente de personas fuera de Madrid interesadas en conseguir “dinero rápido” tras la negativa de entidades bancarias, y que, una vez analizada la viabilidad de cada caso, derivaba el contacto a los responsables de la supuesta organización. Según recogió el medio, la gestión de cada operación se decidía en pocos días, y los clientes eran llamados a la notaría para formalizar los contratos.

Dicha procesada indicó que a los interesados se les presentaban los préstamos como una vía de acceso inmediato a un crédito bancario de tipo hipotecario, algo que, en realidad, no se correspondía con lo que realmente obtenían. Reconoció igualmente que las sumas de dinero efectivamente entregadas a los clientes diferían de las cuantías recogidas en los contratos. Seleccionó también que, pese a que los afectados conocían por escrito las condiciones y los intereses, que podían llegar al 29%, cuando surgían reclamaciones por incumplimiento de lo prometido o la imposibilidad de obtener el crédito hipotecario, ella respondía con evasivas. “Lo sabíamos todos, era la forma de operar”, aseguró durante su intervención, según consignó el medio de origen.

Otra de las acusadas sostuvo ante la sala que tenía pleno conocimiento del engaño que sufrían los afectados y del error en el que caían al creer que accederían a un préstamo hipotecario de entidad bancaria tras la primera operación de capital privado. Según relató, la operativa estaba diseñada para facilitar la contratación, y se favorecía una apariencia de autoridad y credibilidad en algunas operaciones, mediante la intervención de personas que se presentaban como directivos de compañías bancarias. Al ser consultada directamente la persona señalada en este rol, negó ante el tribunal lo declarado por la procesada.

La intervención de los acusados ha revelado que la supuesta red desarrollaba prácticas dirigidas, según el fiscal, a extraer beneficios de situaciones económicas desesperadas, aprovechando el desconocimiento o la urgencia de los clientes. Tanto en las solicitudes como en la firma de los documentos, la estructura ideada permitía formalizar las operaciones rápidamente, a menudo bajo términos que no resultaban favorables para los prestatarios. El medio detalló que, dentro del esquema, las sociedades mercantiles implicadas también figuran como responsables civiles subsidiarias, lo que implica que, de quedar probada la responsabilidad de los acusados, deberán responder por la reparación económica de los daños causados.

Entre las deliberaciones recogidas por la prensa, diversas víctimas sostienen haber sufrido perjuicio económico y pérdida de viviendas familiares como consecuencia de estos contratos, mientras que la defensa de Arroyo insiste en que todos los términos quedaban explicitados en las escrituras y que los interesados firmaban con pleno conocimiento. Los próximos días del proceso judicial serán determinantes para conocer la valoración del tribunal sobre la consistencia de los testimonios y la evidencia aportada.