
El prestamista Antonio Arroyo ha negado ante el juez haber engañado a decenas de personas mediante una presunta trama de préstamos hipotecarios durante los años más duros de la crisis económica. Contradice así el testimonio de dos acusadas que le señalan como el supuesto cerebro de la trama al organizar la operativa y redactar la documentación que firmaban las víctimas.
En el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid se sientan desde hace dos semanas ocho personas y varias sociedades mercantiles acusadas de haber participado en una presunta trama de estafa hipotecaria continuada que habría operado entre los años 2006 y 2012, afectando a decenas de personas en situación de extrema vulnerabilidad económica.
EL MAYOR PRESTAMISTA DE ESPAÑA
El principal acusado es Antonio Arroyo, considerado en aquella época el mayor prestamista de España y quien niega los delitos de los que se le acusa. Decenas de familias lo acusan de haberlas perjudicado mediante préstamos con condiciones engañosas.
El fiscal considera que los acusados incurrieron en un delito continuado de estafa agravada, solicitando para el principal procesado una pena de ocho años de prisión y multa de 24 meses, y penas de hasta siete años de cárcel para varios de los intermediarios. Para otros acusados, las penas solicitadas alcanzan los cuatro años de prisión.
Además, se reclaman importantes responsabilidades civiles, tanto a título personal como de forma subsidiaria a las empresas implicadas, para resarcir a las víctimas por las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia.
En su declaración, Antonio Arroyo ha manifestado que se informaba a los clientes de la operativa y que les preguntaba si habían entendido cómo funcionaban los préstamos. "Se les detallaba el dinero, el plazo de entrega, el interés, en qué consistiría la hipoteca, que se hipotecaba su casa y que en seis meses el interés subirá al 29%", ha narrado, agregando sin reconocer el engaño que "si se firmaba es que cabía la posibilidad de que se pudieran pagar".
ADMITEN ENGAÑO
Durante la vista, los acusados han reconocido aspectos del funcionamiento de la operativa. Una de las procesadas ha declarado que actuaba como intermediaria entre Antonio Arroyo, quien aportaba el capital, y clientes que buscaban "dinero rápido" y "fácil" tras no obtener financiación bancaria.
La mujer ha explicado que recibía solicitudes de personas, en su mayoría fuera de Madrid, a las que pedía documentación de ingresos y descartaba los casos que consideraba inviables. El resto se derivaba a los responsables de la organización, que decidían "en pocos días", tras lo cual se citaba a los clientes en la notaría para firmar la operación.
Según su testimonio, se informaba a los clientes de que se trataba de una operación de capital privado que serviría como paso previo para obtener en poco tiempo un crédito bancario hipotecario, algo que "no era real en ese momento".
También ha admitido que sabía que las cantidades efectivamente entregadas no coincidían con las que figuraban en la documentación firmada. No obstante, ha sostenido que los clientes conocían las condiciones y los intereses -que podían alcanzar el 29%- porque aparecían por escrito y podían plantear dudas.
La acusada ha reconocido además que, cuando posteriormente los clientes reclamaban por no haber recibido lo prometido o por no obtener la hipoteca prevista, ella "les daba largas". "Lo sabíamos todos, era la forma de operar", ha afirmado.
Asimismo, ha señalado que una persona vinculada a la trama se presentaba como directivo de un banco para reforzar la apariencia de credibilidad de las operaciones. Esta persona en su declaración ha negado tal afirmación a preguntas de su letrado.
A preguntas de la fiscal, la otra acusada ha respondido que era "absolutamente consciente" del error al que inducían a los perjudicados, del engaño que suponía la operativa y de que los clientes no obtendrían finalmente un crédito hipotecario.
MÁS ACUSADOS ADMITEN IRREGULARIDADES
Otra procesada ha reconocido que actuaba como intermediaria y que sabía que lo que se ofertaba a los clientes no coincidía con lo que finalmente firmaban.
Dice que era consciente del engaño al que se sometía a los afectados y de que se generaba una apariencia de veracidad para facilitar la contratación. Según su declaración, Antonio Arroyo organizaba la operativa y redactaba la documentación que se firmaba.


