
Jaume Asens, eurodiputado de los Comuns y miembro del grupo Verdes/Alianza Libre Europea, ha propuesto a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, una reforma urgente del reglamento interno de la institución después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló la decisión de retirar la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y a sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín. Según informó el comunicado de los Comuns y recogió la prensa, Asens argumentó que esta sentencia del TJUE expone la existencia de "deficiencias graves" en el procedimiento seguido con los suplicatorios, vulnerando requisitos esenciales del estado de derecho y repercutiendo en la credibilidad democrática de la Eurocámara.
El medio reportó que en una carta enviada este martes, Asens señaló que el proceso para levantar la inmunidad, respaldado por la mayoría parlamentaria conformada, entre otros, por el PP, el PSOE y Vox, continuó adelante pese a las advertencias existentes sobre posibles irregularidades en su tramitación. El eurodiputado también aludió a la responsabilidad de Adrián Vázquez, entonces presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, en el desarrollo del procedimiento, lo que en su opinión refuerza la urgencia de revisar y garantizar la imparcialidad en estos procesos.
Según consignó el comunicado de los Comuns, la decisión del TJUE no solo anula un caso concreto, sino que, en palabras de Asens, representa “un aviso sobre la necesidad de reforzar los estándares de garantías en futuros procedimientos”. El grupo que integra Asens votó en contra del levantamiento de la inmunidad, advirtiendo previamente sobre los riesgos detectados para la neutralidad del proceso.
En su misiva, Asens detalló cuatro propuestas principales destinadas a reformar el reglamento del Parlamento Europeo y prevenir fallas similares. La primera medida busca asegurar la imparcialidad en la selección de los ponentes y prevenir conflictos de intereses. En segundo lugar, plantea el fortalecimiento del derecho de defensa de los eurodiputados implicados y garantizar la igualdad de condiciones entre las partes durante el procedimiento. La tercera propuesta aboga por la creación de criterios claros y públicos que brinden seguridad jurídica y coherencia en las resoluciones sobre inmunidad parlamentaria. Finalmente, propone adaptar los procesos internos a la jurisprudencia marcada por el TJUE para ajustar los procedimientos a los estándares legales establecidos y evitar futuras anulaciones.
En el cierre de la comunicación recogida por los medios, Asens ofreció su colaboración a la presidenta Roberta Metsola para profundizar en la reforma Planteada. Destacó que la inmunidad parlamentaria no constituye un privilegio individual, sino una salvaguarda institucional del pluralismo político, y recalcó la importancia de que esta protección se someta al “más estricto escrutinio jurídico y democrático”.
De acuerdo con los Comuns, la postura de Asens surge en el contexto de la reciente sentencia del TJUE que impacta directamente en la manera en que la Eurocámara aborda los suplicatorios, obligando a una reflexión sobre las normas internas y su consonancia con los principios básicos del derecho europeo. El caso que protagonizaron Puigdemont, Ponsatí y Comín se había originado cuando el Parlamento Europeo, por mayoría, retiró su inmunidad parlamentaria a petición de las autoridades españolas, una decisión que ahora el TJUE ha invalidado por identificar fallas en el procedimiento. Esto, según reportó el comunicado, ha reabierto el debate sobre la transparencia y las garantías que deben regir la actuación parlamentaria en casos de inmunidad.
La oposición de Asens y su grupo político a la retirada de la inmunidad se basó en la detección de riesgos para la imparcialidad y garantías del proceso, posición que el eurodiputado reiteró en su carta como razón fundamental para insistir en la reforma del reglamento de la Eurocámara. Según distintas fuentes citadas por los Comuns, la revisión normativa propuesta pretende restablecer la confianza en el correcto funcionamiento de la institución y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de los miembros del Parlamento Europeo ante situaciones similares en el futuro.

