García Ortiz paga la sanción y TS pide al novio de Ayuso su cuenta para ingresarle 10.000 euros de indemnización

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el Tribunal Supremo ha solicitado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que proporcione los datos de su cuenta bancaria a fin de transferirle la cantidad fijada como indemnización civil en la sentencia contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este requerimiento surge tras constatarse por los registros judiciales que García Ortiz ha abonado los 17.200 euros de la sanción económica determinada por el Supremo como parte de la condena por revelación de secretos.

Europa Press informó que este proceso quedó reflejado en una diligencia de ordenación emitida por el alto tribunal. En el documento, el Tribunal Supremo pide transferir 7.200 euros a favor del Tesoro Público por concepto de multa impuesta a García Ortiz, al mismo tiempo que solicita a González Amador el número de cuenta bancaria para ingresar los 10.000 euros previstos como indemnización civil en la sentencia dictada en diciembre, que también implica para el ex fiscal general dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Europa Press detalló que la Abogacía del Estado, que defendió a García Ortiz durante el procedimiento, presentó un escrito en el que comunicó el ingreso de los 17.200 euros por parte del ex fiscal general, dejando constancia de que el pago quedó satisfecho en su totalidad. En esa comunicación, la defensa de García Ortiz indicó que el dinero utilizado correspondía a “aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales" (UPF). La defensa subrayó que García Ortiz asumió de manera íntegra la responsabilidad del pago.

La UPF, asociación profesional de fiscales a la que perteneció García Ortiz, activó una iniciativa de colaboración para recaudar la totalidad de la cantidad necesaria destinada al pago de la responsabilidad penal y civil derivada de la sentencia condenatoria. Pocos días después de publicado el fallo, la asociación anunció que se había conseguido el importe completo de la sanción.

Según consignó Europa Press, UPF explicó en un comunicado que la iniciativa surgió como un llamamiento de tipo "ético", dirigido tanto a fiscales como a ciudadanos. Decenas de fiscales de distintos territorios y niveles jerárquicos respondieron a la convocatoria, un hecho que derivó en la recolección suficiente de fondos. En palabras de la UPF: “Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, reiterando la defensa pública de la inocencia de García Ortiz.

De acuerdo con el mismo medio, tras conocerse la condena, García Ortiz interpuso un incidente de nulidad ante el Supremo, argumentando que su actuación buscó proteger la credibilidad de la Fiscalía como institución frente a ataques externos. A raíz de este incidente de nulidad, la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, presentó un escrito solicitando que el alto tribunal rechace el recurso interpuesto por el ex fiscal general del Estado.

En el escrito dirigido al Tribunal Supremo y citado por Europa Press, la representación legal de González Amador expone su postura contraria a la estimación del incidente de nulidad. El abogado de González Amador pregunta si algún profesional del ámbito jurídico penal podría considerar plausible que el fiscal general del Estado carecía de conocimiento o voluntad al revelar información que, por la naturaleza de su cargo, no podía divulgarse y cuya exposición pública podía dañar tanto el funcionamiento de la Administración como los derechos de su representado. Según este escrito, el deber de reserva no puede verse alterado por lo que se describe como un “derecho inexistente” de airear ante la opinión pública temas conocidos en el ejercicio de funciones fiscales, dado que esto supondría una lesión de derechos fundamentales de las personas afectadas.

El mismo documento, según divulgó Europa Press, sostiene que la capacidad informativa de la Fiscalía en el desempeño de sus funciones no se corresponde con un derecho fundamental a la libertad de expresión en el sentido propio, dado que la Fiscalía, en cuanto órgano del Estado, no es titular de tal derecho. La función de proporcionar información se enmarca en unas limitaciones explícitas, cuyo límite infranqueable es el deber de reserva y sigilo propios del cargo, así como los derechos de los individuos concernidos.

Por otro lado, el proceso no ha culminado con la sanción ni con el pago económico. Según reportó Europa Press, la Fiscalía General del Estado ha autorizado el reintegro de García Ortiz a la carrera fiscal, asignándole plaza en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Supremo. De manera paralela, el Ministerio de Justicia ha dado inicio a los trámites tras una petición de indulto a favor de García Ortiz, promovida por diferentes particulares. El Gobierno, tras la recepción de esa solicitud, ha recabado la opinión del Tribunal Supremo sobre el indulto, dado que el tribunal es el órgano que dictó la sentencia original.

La situación judicial de García Ortiz, quien recibió la ayuda económica articulada por la UPF y mantiene la defensa pública de su inocencia, continúa generando reacciones en el entorno judicial y político. Europa Press consignó que tanto la canalización de fondos para el pago de la multa como la presentación de recursos y la solicitud de indulto mantienen la atención en torno al caso, que afecta tanto a la carrera judicial como a la actividad institucional de la Fiscalía y a las personas mencionadas en la sentencia, como Alberto González Amador.