García Ortiz paga la sanción y el TS pide al novio de Ayuso su cuenta para ingresarle 10.000 euros de indemnización

El Tribunal Supremo ha solicitado a Alberto González Amador la entrega de sus datos bancarios con el objetivo de avanzar en el pago de diez mil euros, cantidad fijada como compensación en la sentencia que encontró responsable al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Esta decisión se produce después de que, de acuerdo con información publicada por Europa Press, García Ortiz completara el abono de los diecisiete mil doscientos euros que constituyen la sanción total impuesta por el alto tribunal.

Según detalló Europa Press, la orden del Supremo se formalizó en una diligencia de ordenación en la que se instruyó transferir siete mil doscientos euros al Tesoro Público, cifra correspondiente a la multa establecida en la resolución judicial emitida en diciembre pasado. En ese fallo, además de la sanción económica, el Supremo dictó la inhabilitación de García Ortiz por dos años para ejercer el cargo en la Fiscalía.

En la misma diligencia se solicitó a González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que proporcione su número de cuenta bancaria a efectos de transferir los diez mil euros previstos como responsabilidad civil, conforme a lo que establece la sentencia referida por Europa Press.

Previo a la comunicación del Supremo, la Abogacía del Estado, responsable de la defensa legal de García Ortiz durante el proceso, remitió un escrito al tribunal en el que informaba formalmente la consignación de los diecisiete mil doscientos euros. Dicho documento, al que tuvo acceso Europa Press, especifica que el origen de los fondos fue una colecta organizada y canalizada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), agrupación de la que el propio ex fiscal general formó parte.

El pago, tal como señala la Abogacía del Estado en el escrito citado por Europa Press, fue asumido "íntegramente" por García Ortiz, pese a que la recaudación proviniera de aportaciones voluntarias organizadas por la UPF. Según la entidad, esta campaña de recaudación buscaba cubrir todas las responsabilidades económicas derivadas de la sentencia, y en las semanas sucesivas a su lanzamiento anunció que el monto necesario se había reunido por completo.

En un comunicado recogido por Europa Press, la UPF explicó que "decenas de fiscales de todos los territorios y categorías" respondieron a la iniciativa, que, según la organización, tenía un fundamento "ético", además de haber contado también con la colaboración de particulares ajenos al Ministerio Fiscal. La UPF sostuvo que "nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional", en una declaración en la que ratificaron su respaldo a la gestión e inocencia del ex fiscal general.

El ex fiscal general presentó ante el Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia, argumentando que sus acciones perseguían preservar la "credibilidad" de la Fiscalía ante lo que calificó como "ataques", según lo expuesto por Europa Press. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado autorizó la reincorporación de García Ortiz a la carrera fiscal, asignándolo a la Sección de lo Social de la Fiscalía en el propio Tribunal Supremo.

El procedimiento en torno al caso continuó en el ámbito político-administrativo cuando el Ministerio de Justicia activó los trámites tras recibir la primera petición de indulto a favor de García Ortiz. El Gobierno, siguiendo el protocolo, solicitó al Tribunal Supremo que emitiera su opinión en torno a esta petición, dado que fue este órgano el encargado de dictar la resolución condenatoria, según relató Europa Press.

La sentencia emitida en diciembre estableció con claridad los montos destinados tanto a la multa como a la indemnización y la inhabilitación. Las gestiones desarrolladas por la UPF para reunir la suma requerida recibieron apoyo tanto interno como externo al ámbito fiscal, con la entidad remarcando la importancia de una respuesta colectiva frente a circunstancias que afecten a la independencia y actuación profesional de miembros de la carrera fiscal, indicaron fuentes consultadas por Europa Press.

La instrucción a González Amador para que facilite su cuenta bancaria supone el paso final en la ejecución de la condena en el aspecto civil, consistente en la transferencia de los diez mil euros fijados como indemnización, cuantía que había sido determinada por el Supremo en su resolución. Desde la publicación del fallo, las partes implicadas han realizado las gestiones económicas y jurídicas necesarias para que la sentencia se materialice en los términos estipulados, según lo informado por Europa Press.