García Ortiz paga la sanción económica y el Supremo pide al novio de Ayuso su cuenta para ingresarle la indemnización

Después de que se completaron todos los pagos requeridos en la sentencia del Tribunal Supremo, el alto tribunal solicitó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que facilitara sus datos bancarios para proceder con el ingreso de la indemnización correspondiente. Según informó Europa Press, esta acción se vincula directamente con el abono de la sanción económica por parte del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien afrontó los cargos por revelación de secretos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, García Ortiz ya depositó los 17.200 euros estipulados por la sentencia del Supremo, monto que se divide en dos conceptos: 10.000 euros de indemnización que se destinarán a González Amador y 7.200 euros de multa. Esta resolución se produjo tras la sentencia emitida por el TS en diciembre pasado, en la cual, además de la sanción económica, se impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado.

Según detalló Europa Press, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que estuvo adscrito García Ortiz, puso en marcha una campaña de colaboración entre sus afiliados para cubrir la sanción económica derivada de la sentencia. Semanas después del inicio de la campaña, la asociación informó que había conseguido la recaudación total necesaria para afrontar la responsabilidad económica. En un comunicado oficial, la UPF señaló que la respuesta afectó a “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías”, así como a ciudadanos que no pertenecen al Ministerio Fiscal, quienes apoyaron lo que la organización consideró una cuestión ética más que económica.

En ese mismo comunicado, la UPF enfatizó el sentido de apoyo colectivo expresando que “nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, mientras ha reiterado su respaldo a la inocencia y el proceder de García Ortiz.

Paralelamente, García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad frente a la sentencia, argumentando que, mediante su actuación, buscó preservar la credibilidad de la Fiscalía en respuesta a diferentes cuestionamientos. El medio Europa Press consignó que el ex fiscal general defendió su acción como una respuesta institucional, ajustada a su cargo y a la necesidad de salvaguardar el funcionamiento del organismo.

Por otro lado, fuentes fiscales indicaron que la Fiscalía General del Estado autorizó la reincorporación de García Ortiz a la carrera fiscal y confirmó su asignación a la Sección de lo Social de la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Europa Press reportó que, tras cumplir con las obligaciones económicas impuestas por la sentencia, García Ortiz continuará su labor dentro del Ministerio Fiscal en una función distinta a la que desarrolló como fiscal general.

El proceso judicial derivado del caso de revelación de secretos atrajo la atención de organizaciones profesionales y de diversos sectores del ámbito judicial. La implicación tanto de la UPF como de ciudadanos ajenos a la carrera fiscal en el pago de la sanción revitalizó debates internos y externos sobre la responsabilidad personal y el apoyo institucional en situaciones en las que se juzgan decisiones tomadas durante el ejercicio de cargos públicos, tal como resaltó Europa Press.

La resolución del Tribunal Supremo y las posteriores actuaciones, tanto de García Ortiz como de González Amador, cierran una etapa de este procedimiento. El abono de la indemnización y la multa, la reanudación de funciones de García Ortiz en el ámbito judicial y la actuación de la UPF marcan los episodios más recientes de una controversia de relevancia institucional.