Bruselas, 30 ene (EFECOM).- La Fiscalía Europea (EPPO) anunció este viernes que ha abierto una investigación sobre un presunto fraude aduanero, corrupción y falsificación de documentos en el puerto de Amberes (norte de Bélgica).
Informó de que, bajo la supervisión de un juez de instrucción de Amberes, se realizaron el 20 de enero siete registros, se detuvo a tres personas y se incautaron varias cuentas bancarias y dinero en efectivo, indicó en un comunicado.
Esta operación movilizó a 48 agentes de aduanas y policías del equipo de investigación de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica y a varias unidades de la Policía Federal belga -incluida la Unidad de Apoyo Canino-, y contó con el apoyo del Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos.
Según las pruebas, se sospecha que un funcionario de aduanas y dos directivos de empresas dedicadas a operaciones aduaneras colaboraron desde el puerto de Amberes en un fraude aduanero que supuso una pérdida de derechos de importación estimada en más de 11,3 millones de euros.
La investigación de la Fiscalía Europea se inició en 2024, cuando todavía era alcalde de Amberes el actual primer ministro belga, Bart de Wever, a raíz de una denuncia presentada por la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica.
Todas las personas implicadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales belgas competentes, precisó la EPPO, que es la fiscalía independiente de la Unión Europea y se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.
El puerto de Amberes se ha visto implicado en otros escándalos recientemente.
El pasado 16 de enero más de 300 trabajadores del puerto de Amberes-Brujas fueron suspendidos de sus empleos por delitos relacionados con las drogas en 2025, como resultado de varios controles de seguridad para frenar el tráfico de estupefacientes.
Desde principios de 2025 el Servicio Público Federal de Justicia del país puso en marcha controles de seguridad más estrictos en la aduana, con una inspección a gran escala a 16.678 trabajadores en puertos belgas, según medios locales.
De ellos, el 1,92 % (unos 320 empleados) recibió un aviso de seguridad negativo, que implica el cese del cargo en puestos críticos como consecuencia de su relación con las drogas, incluido su consumo.
Con estos chequeos, que arrancaron a finales de 2024, las autoridades belgas buscan evitar que quienes puedan verse tentados a facilitar el tráfico de sustancias ilegales sigan trabajando en el enclave.
La puesta en marcha de estos controles de seguridad para los trabajadores portuarios busca abordar el tráfico de drogas -en 2025, se incautaron allí cerca de 55 toneladas de cocaína-, un problema que convierte al puerto belga en un punto de entrada crucial para la cocaína en Europa. EFECOM
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