
Durante un desayuno informativo en el que participaron varios miembros destacados del Gobierno, Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia autonómica, manifestó su preocupación por lo que considera una insuficiencia en la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica, que afecta especialmente a territorios con características como la extensa dispersión geográfica, la despoblación y el envejecimiento de su población. Según consignó el medio, Martínez alertó que, de no revisarse en profundidad los criterios de reparto, se incrementarán las brechas entre comunidades y se fortalecerán desigualdades estructurales.
De acuerdo con la información publicada, Martínez valoró que el Gobierno central haya decidido poner en debate un nuevo modelo de financiación y reconoció que, en la fase inicial presentada, hay elementos positivos en la propuesta. No obstante, remarcó que la “cuenta de resultados” sigue resultando, en sus palabras, “insuficiente e injusta” para Castilla y León y para otros territorios con contextos similares, como Castilla-La Mancha y Galicia. El secretario general socialista argumentó que la casuística de estas comunidades requiere que el sistema financiero autonomista tome en cuenta variables como la dispersión de la población, el envejecimiento y la extensión geográfica para cubrir el coste real de los servicios públicos.
En presencia de la ministra portavoz, Elma Saiz, el ministro de Industria, Jordi Hereu, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Martínez reivindicó un proceso de diálogo que ajuste los baremos y otorgue mayor peso a los factores que encarecen la prestación de servicios en zonas donde la población está menos concentrada y en gran parte envejecida. “No cuesta lo mismo financiar servicios en una comunidad compacta y joven que en una extensa, envejecida y dispersa”, afirmó Martínez, según informó el medio. Añadió que la viabilidad de los servicios públicos depende de reconocer estos mayores costes inherentes a territorios como Castilla y León.
El líder socialista argumentó que la imposibilidad de garantizar una igualdad real en la prestación de servicios públicos se traduce en una desigualdad estructural entre la ciudadanía, si no se contemplan de forma prioritaria los citados elementos. Explicó que los territorios con baja densidad de población requieren mantener más infraestructuras, recorrer mayores distancias para garantizar derechos básicos y sostener servicios sanitarios, educativos o sociales, incluso cuando la demanda es baja en términos absolutos. Para Martínez, esta situación no representa una demanda de privilegios, sino la exigencia de una igualdad efectiva de derechos para todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia.
Martínez subrayó que el peligro de no adaptar el sistema de financiación a estas realidades radica en que los territorios catalogados como “más frágiles” podrían quedar atrapados en lo que describió como “una trampa permanente”. Según publicó la fuente, esta situación conlleva a que dichas comunidades deban optar entre reducir servicios básicos o renunciar a invertir en mejoras, perpetuando así un ciclo de debilidad institucional y menor desarrollo territorial. El secretario general afirmó que esta dinámica no constituye eficiencia, sino la institucionalización de la desigualdad, según sus palabras recogidas en el evento.
A lo largo de su intervención, Martínez insistió en introducir en la negociación un enfoque que tenga en cuenta con más peso factores como el envejecimiento, la dispersión y la despoblación. Demandó que esta reivindicación no solo compete a Castilla y León, sino también a otras comunidades rurales y envejecidas del país. Explicó que la garantía de derechos depende directamente de una financiación que refleje la realidad territorial, sin lo cual, a su juicio, no habrá condiciones equitativas para los ciudadanos de diferentes autonomías, según detalló el medio.
Martínez invitó al Gobierno y al resto de formaciones políticas a abordar la reforma del sistema de financiación desde el consenso y con una mirada puesta en la igualdad efectiva. Sostuvo que es imprescindible que la distribución de los fondos públicos tenga como objetivo cubrir el coste real de la prestación de servicios, para impedir que comunidades enteras vean restringidas sus capacidades por factores estructurales que no pueden modificar.
En su exposición, el secretario socialista agradeció la apertura del Gobierno al debate, aunque reiteró su petición de un replanteamiento profundo de los criterios de reparto. Resaltó que no se trata de un problema exclusivo de Castilla y León, sino de una cuestión de modelo y de la configuración presente y futura del Estado autonómico. Martínez finalizó planteando la necesidad de que la equidad guíe las próximas fases de negociación sobre el modelo de financiación autonómica, reportó el medio.
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