Feijóo acusa a Sánchez de incrementar el censo con la regularización masiva de migrantes e ir contra la política europea

El líder del principal partido de la oposición cuestiona el plan del Ejecutivo para normalizar la situación de cientos de miles de extranjeros, advirtiendo que contradice criterios adoptados en la Unión Europea y podría alentar nuevas llegadas al país

Guardar

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, aseguró que el Gobierno ya ha concedido la nacionalidad a cerca de dos millones de personas mediante la Ley de Nietos, y cuestionó una nueva medida que, a su juicio, sumaría más de 850.000 personas de manera irregular al censo español. Según detalló el medio El País, Feijóo acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de impulsar una regularización masiva de migrantes, superando las 800.000 personas, y advirtió que esta decisión contradice las políticas migratorias acordadas en la Unión Europea.

Durante un acto en Figueruelas (Zaragoza), donde acompañó al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, Feijóo sostuvo que el Ejecutivo formado por PSOE y Sumar “no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles”, en referencia tanto a la llamada Ley de Nietos como al plan de regularización de migrantes anunciado por el Gobierno. El líder del PP alertó sobre lo que describió como una “alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir” en el país.

De acuerdo con la cobertura de El País, Feijóo expresó que el Gobierno no puede “regalar la residencia legal a cualquier persona”, y afirmó que las regularizaciones deben estudiarse de manera individual y caso por caso. En ese sentido, defendió que cualquier medida de este tipo debería debatirse y votarse en el Congreso de los Diputados, en lugar de implementarse de manera simultánea y sin consenso parlamentario.

El presidente del PP sostuvo que la regularización masiva planteada por el Ejecutivo podría provocar un “efecto llamada” a nuevas llegadas de inmigrantes y subrayó que esta política se distancia de los criterios adoptados por los países miembros de la Unión Europea. Según sus palabras, “esa decisión va contra la política europea pactada entre los Estados miembros”.

En su intervención, Feijóo recalcó que el Gobierno estaría actuando de manera “doblemente irresponsable”, ya que, según sus datos, a la concesión de nacionalidades por la Ley de Nietos se sumaría esta nueva regularización, lo que supondría incorporar de manera simultánea a millones de personas al censo español. El líder de la oposición instó al Ejecutivo a someter estas cuestiones a debate parlamentario, aludiendo a la falta de transparencia y discusión pública en la toma de decisiones sobre un asunto que, según su postura, sobrepasa las competencias del Gobierno en minoría.

La posición expresada por Feijóo, consignada por El País, se da en un contexto político marcado por el debate sobre las normas migratorias y la adecuación de las políticas nacionales al marco europeo. El planteamiento de una regularización masiva ha generado críticas en sectores de la oposición, que la vinculan directamente con posibles cambios en el padrón electoral y con la estrategia política del Gobierno.

De acuerdo con lo publicado por El País, el Gobierno de PSOE y Sumar aún no ha concretado los detalles del procedimiento para la regularización, lo que ha incrementado las tensiones en el debate público y ha brindado argumentos a las críticas del PP sobre la falta de claridad y consenso en la materia. Feijóo insistió en la necesidad de abordar la inmigración irregular mediante procesos individualizados y mecanismos transparentes avalados por el Parlamento, en vez de recurrir a medidas que califica como generalizadas y contrarias a los compromisos adquiridos por España en el entorno comunitario.

La intervención de Feijóo se enmarca en la campaña política de Aragón, aunque ha tenido eco nacional debido al peso de la cuestión migratoria y sus implicaciones en la definición de la política española tanto a nivel interno como europeo. Según El País, el líder popular evocó reiteradamente el riesgo de un “efecto llamada” y el impacto de sumas tan elevadas de regularizaciones en el debate sobre la composición del censo y la gestión de las fronteras.