El TS inadmite una querella de Vox contra Chivite por la adjudicación de obras en Navarra al no ver indicios delictivos

El Tribunal Supremo ha considerado que los argumentos presentados por Vox contra la presidenta de Navarra, María Chivite, no reúnen los requisitos necesarios para abrir una investigación penal en su contra, ya que los hechos señalados no cuentan con la concreción ni las pruebas exigidas. De acuerdo con Europa Press, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la querella presentada por el partido liderado por Santiago Abascal, en la que se acusaba a Chivite de delitos relacionados con la adjudicación de contratos públicos.

En la resolución judicial, recogida por Europa Press, los magistrados detallaron que la querella no describe actos específicos que puedan atribuirse a la presidenta navarra como para concluir, siquiera de manera indiciaria, que hubiera impartido órdenes destinadas a modificar procedimientos de contratación, participado en la valoración de ofertas, en la conformación de las mesas de contratación o en la resolución de los expedientes. El tribunal concluyó que tampoco se hallan evidencias que permitan afirmar que Chivite se benefició de dádivas, promesas u otras ventajas vinculadas a una actuación administrativa que estuviera bajo su responsabilidad.

Según informó Europa Press, la querella de Vox iba dirigida no solo contra Chivite, amparada por el fuero especial del Tribunal Supremo a raíz de la Ley de Amejoramiento, sino también contra el exdirigente socialista Santos Cerdán, el exasesor ministerial Koldo García y los funcionarios que hubieran estado implicados en los mencionados procesos de contratación pública. Según el escrito de Vox, los querellados podrían haberse puesto de acuerdo para beneficiar a determinadas compañías en el proceso de adjudicación.

La querella se apoyaba, informó Europa Press, en una serie de elementos recogidos en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentado en el marco del llamado ‘caso Koldo’, más que en pruebas documentales robustas presentadas por la propia parte denunciante. Las adjudicaciones bajo sospecha incluyeron la concesión administrativa y la obra de la Mina Muga, destinada a la explotación de un yacimiento de potasa en Sangüesa; la adecuación de los lotes 4 y 5 del pabellón Navarra Arena, en Pamplona; el contrato de derribos y remodelación en la plaza de Los Fueros de Milagro; y un proyecto panadero en Huarte, todos en Navarra.

Europa Press detalló que, para el alto tribunal, el vínculo de Chivite con estos procesos aparece en la querella principalmente por su posición al frente del gobierno foral y por las supuestas reuniones sostenidas con Antxón Alonso, socio de Cerdán, entre los años 2020 y 2021, así como por la relación, tanto personal como profesional, que mantiene con Cerdán. Según la acusación, Chivite y Cerdán poseerían la mayoría accionarial de la empresa Servinabar, adjudicataria de los contratos bajo sospecha.

El auto del Supremo remarcó que estos hechos “carecen de concreción, individualización y soporte objetivo bastante, quedando anclados en un plano de sospecha genérica derivado de ostentar una posición institucional de máxima responsabilidad en la comunidad autónoma”. Según la misma resolución recogida por Europa Press, la existencia de relaciones personales o profesionales entre Chivite y otros de los querellados tampoco basta para considerar que participó o influyó en presuntas adjudicaciones irregulares en perjuicio del interés público.

La Sala Penal resolvió, por tanto, la inadmisión a trámite y el archivo de la querella. Europa Press añadió que el auto deja abierta la posibilidad de que otras personas, si no cuentan con el aforamiento que protege a la presidenta navarra, puedan ser objeto de investigaciones judiciales en órganos territorialmente competentes, siempre y cuando existan actuaciones administrativas que, por su naturaleza, puedan ser revisadas y depuradas penalmente bajo las reglas ordinarias de competencia.

De esta manera, la presidenta de Navarra queda exonerada de esta investigación penal relacionada con la adjudicación de contratos públicos, tras la revisión y conclusión del Tribunal Supremo de que no existe un nexo objetivo entre su conducta y los delitos denunciados de cohecho, tráfico de influencias u organización criminal, reportó Europa Press. La decisión judicial recalca, además, la importancia de contar con elementos probatorios identificables y específicos antes de atribuir responsabilidades penales directas a cargos públicos amparados por el fuero.