En medio de las declaraciones en torno a la aprobación del decreto que permitirá regularizar la situación de más de 500.000 inmigrantes en España, Irene Montero señaló que existen personas en el país viviendo "como si fuesen esclavos". La dirigente de Podemos sostuvo esta postura durante una entrevista este martes, en la que enfatizó la importancia de esta medida y criticó fuertemente tanto a Vox como a otros actores políticos y empresariales. Según informó Europa Press, Montero centró sus argumentos en la necesidad de modificar el marco legal para evitar situaciones de explotación y marginación.
Durante su intervención, Montero respondió directamente al rechazo de Vox al citado decreto de regularización. Europa Press detalló que la secretaria política de Podemos atribuyó a los representantes de Vox discursos racistas, a quienes llamó "basuras humanas" y acusó de explotar a personas en el sector agrario y en el ámbito doméstico. La eurodiputada subrayó que, en su opinión, la actitud de Vox busca perpetuar privilegios mientras mantiene situaciones de explotación, haciendo alusión directa a expresiones durante la campaña de Extremadura protagonizadas por el líder de la formación, Santiago Abascal.
El medio Europa Press reportó que Montero también comentó una publicación de Abascal en la red social X, donde el dirigente de Vox acusó al presidente Pedro Sánchez de intentar sustituir al pueblo español. Desde la perspectiva de Montero, esas declaraciones se alinean con una visión de extrema derecha que busca precarizar el trabajo en el campo y en el servicio doméstico, perpetuando salarios bajos y condiciones laborales injustas. "Lo que les pasa a esta gentuza de extrema derecha es que son unos señoritos que quieren tener mujeres trabajando recogiendo fresas en Huelva por cuatro duros", expresó Montero durante la entrevista, según recogió Europa Press.
En relación directa con el decreto del Consejo de Ministros, Montero insistió en la necesidad del mismo argumentando que la verdadera raíz del problema radica en la legislación vigente. Según declaraciones recogidas por Europa Press, afirmó que si España contara con leyes que garantizaran el respeto pleno de las personas, no sería necesario recurrir a regularizaciones extraordinarias como la aprobada recientemente. Para Montero, la Ley de Extranjería en su forma actual constituye una normativa discriminatoria que genera la situación de irregularidad y vulnerabilidad que viven centenares de miles de migrantes.
En sus críticas, la secretaria política de Podemos también apuntó hacia otras figuras políticas y actores económicos. Al presidente de Aragón, Jorge Azcón, lo acusó de promover la privatización de servicios sanitarios, mientras que señaló a grandes corporaciones como Black Rock de anteponer el beneficio económico a la seguridad y el bienestar de la población. Estas acusaciones formaron parte de un relato donde Montero busca vincular la explotación laboral y la regresión de derechos sociales con la influencia de sectores empresariales y políticos que, según ella, operan en detrimento de la mayoría social.
La entrevista de Montero, transmitida en el programa 'Mañaneros 360' de La 1, ha generado reacciones dentro y fuera del ámbito político. La publicación de estas declaraciones por Europa Press coincide con un contexto social en el que el debate sobre la protección de los derechos de los migrantes y la revisión de la legislación migratoria ocupan un lugar central en la agenda pública. Mientras el Gobierno busca avanzar en la regularización de más de medio millón de extranjeros, la oposición de Vox y sus declaraciones encendieron nuevamente la polémica sobre la gestión migratoria y la defensa de los derechos humanos en el país.
En este escenario, la aprobación del decreto se presenta como una de las medidas más significativas en materia migratoria de los últimos años. De acuerdo con información detallada por Europa Press, la decisión del Ejecutivo ha generado apoyos y críticas, enmarcando el debate no solo en términos legales, sino también en el terreno del respeto a la dignidad y a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
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