La reciente aprobación del presupuesto anual del Consejo General de la Abogacía, centrado en fortalecer la presencia institucional, impulsar la formación y avanzar en la modernización digital y en la deontología, ha ido acompañada de una restructuración relevante en los cargos directivos del organismo. Según informó el propio Consejo a través de una nota, este paquete de medidas tiene como objetivo consolidar el cumplimiento de las prioridades marcadas para el presente año y reforzar la estrategia institucional que guía a la abogacía española.
Durante el Pleno celebrado este viernes en la ciudad de Cuenca, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, trasladó a los miembros la reconfiguración de la estructura organizativa, así como la nueva composición de la Comisión Permanente. El medio indicó que, en representación de los Colegios de más de 3.000 colegiados ejercientes, han renovado su presencia José Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia, y Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia. A este grupo se suma la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, quien se incorpora como vicepresidenta primera de la Comisión Permanente.
Derivado de la nueva organización, ha cesado Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, en su puesto como miembro de la Comisión Permanente. Según consignó el organismo, Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados de Granada, ha pasado a ocupar la vicepresidencia segunda. Además, se ha producido la designación de Lourdes Carballo, decana del Colegio de la Abogacía de Vigo, quien se hace cargo de la dirección de la Oficina de Representación Institucional (ORI) y se integra también como miembro de la Comisión Permanente. Junto a estos cambios, se agregan al órgano los nuevos adjuntos a la Presidencia: Elisa Campoy, decana del Colegio de la Abogacía de Lorca; Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Colegio de la Abogacía de Zaragoza; y Diego García, decano del Colegio de Abogados de Elche.
En el marco de la renovación de comisiones y grupos de trabajo, la institución designó a Carmen Oriol, decana del Colegio de Abogados de Tarrasa, como presidenta de la Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los Consumidores, un área responsable de la gestión de los honorarios profesionales. El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez, se incorpora como miembro de la Comisión Consultiva, reforzando así la estructura consultiva de la organización. El Consejo anunció también la creación de un Grupo de Trabajo de Censo y Certificaciones, presidido por Javier Martín, decano del Colegio de Abogacía de Valladolid.
El medio detalló que otra decisión destacada del Pleno ha sido el nombramiento de Ainhoa Goñi como nueva directora de Comunicación de la institución, tras una decisión anunciada por el propio presidente durante la sesión. De acuerdo con la información oficial, esta iniciativa busca fortalecer el papel estratégico de la comunicación dentro de la estructura y potenciarla como una pieza clave en la estrategia global de la abogacía española. La incorporación de Goñi al Comité de Dirección permitirá que participe de manera directa en la definición y coordinación de las principales líneas estratégicas de la organización.
Ainhoa Goñi cuenta con titulaciones en periodismo y comunicación audiovisual, así como una dilatada trayectoria profesional en la asesoría estratégica de comunicación corporativa, institucional, marketing y gestión de crisis. Antes de su incorporación al Consejo General de la Abogacía Española, desempeñaba funciones como consultora senior global en la agencia Marco, liderando proyectos de comunicación estratégica para grandes corporaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales, coordinando equipos multiterritoriales y diseñando estrategias en diversos contextos y sectores.
En conjunto, según reportó el propio organismo, las modificaciones y nombramientos realizados hacen parte de una respuesta institucional orientada a modernizar la estructura, reforzar la presencia nacional y afianzar los compromisos en materia de transparencia, formación y defensa deontológica dentro de la abogacía.
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