Bruselas, 20 ene (EFECOM).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) dieron este martes el visto bueno definitivo a la última adenda al plan del recuperación presentada por España, que simplifica algunos objetivos para facilitar que se cumplan y rebaja a 22.700 millones de euros los préstamos que solicitará el país, un 72,6 % menos de los asignados inicialmente.
La modificación, que fue aprobada por la Comisión Europea en diciembre de 2025, no afecta, sin embargo, al volumen de subvenciones del plan, un total de 79.800 millones de euros que el Gobierno prevé ejecutar al 100 % y de las que, hasta el momento, se han recibido unos 55.000 millones.
Además de la española, los ministros de Finanzas han aprobado hoy las adendas de Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Suecia a sus planes, con lo que ya son 24 los Estados miembro que han simplificado sus respectivas hojas de ruta, según ha explicado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.
"Este año será decisivo para el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembro tienen que completar todos los hitos acordados antes del final de agosto, así que una vez más animamos con fuerza a los Estados a que aceleren la implementación de sus planes", ha dicho en la rueda de prensa tras la reunión de titulares económicos de la UE.
En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó el año pasado que la adenda da comienzo a la "fase final" del despliegue de un plan que habrá supuesto una inyección, en apenas cinco años, en la economía española de más del 6 % del PIB.
Cuerpo defendió que la decisión de renunciar a más de un 70 % de los préstamos es "racional" y "lógica" teniendo en cuenta que "el coste de acceder a esta red de seguridad en préstamos europeos se ha cerrado con respecto al coste de promover una red de seguridad nacional".
La adenda elimina 17 reformas con rango de ley, aunque doce de ellas no están relacionadas directamente con retos estructurales de la economía española, como pueden ser la ley del cine y la ley de modernización de la pesca, mientras que las cinco restantes se sustituyen por otras de similar ambición en ámbitos como vivienda, sanidad o inclusión.
También se eliminan hitos intermedios "para dar más flexibilidad", se reduce la carga documental acreditativa y se refuerzan las prioridades estratégicas mediante la reprogramación de fondos y la incorporación de nuevas inversiones, según ha explicado el Gobierno.
Entre los hitos del plan se mantiene, no obstante, la subida de la fiscalidad del diésel, que tendría que adoptarse como muy tarde en enero para cumplir con el plazo ampliado ofrecido por Bruselas.
La evaluación de la Comisión aprobada hoy por los ministros detalla que España pidió enmendar 85 medidas que no eran alcanzables "parcialmente" por circunstancias objetivas, como la falta de demanda, la inflación o problemas en cadenas de suministros; así como otras 72 para simplificar su implementación o reducir la carga administrativa.
Además, España ha pedido usar los recursos que liberarán estos cambios para incluir nuevas medidas, en particular relativas al apoyo comercial, al refuerzo de sus contribuciones al sistema de superordenadores EuroHPC y a la Agencia Espacial Europea, y de apoyo a la transición verde.
También se utilizarán para reforzar inversiones, como el plan de mejora de la eficiencia del riego y los subsidios para proyectos estratégicos de vehículos eléctricos y para la descarbonización.
Bruselas pidió el año pasado a los Veintisiete simplificar sus planes de recuperación para asegurar que se utilizan el máximo de fondos posibles, sobre todo subvenciones, hasta que expire el mecanismo, el próximo 31 de agosto.
Las adendas aprobadas hasta ahora han permitido reducir de media un 20 % por plan los objetivos que tendrá que evaluar el Ejecutivo comunitario, detalló Dombrovskis. EFECOM
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