Bruselas, 19 ene (EFECOM).- Los países de la Unión Europea (UE) estudian la posibilidad de adoptar represalias económicas contra Estados Unidos de unos 93.000 millones de euros e incluso estrenar el instrumento anticoerción del bloque comunitario si el presidente norteamericano, Donald Trump, impone aranceles contra ocho países europeos en su intento por hacerse con la isla danesa de Groenlandia.
Ambas medidas se plantearon en la víspera durante una reunión de urgencia que mantuvieron los embajadores de los Estados miembros en Bruselas tras la nueva amenaza de Trump y estarán sobre la mesa de los líderes europeos en la cumbre extraordinaria que celebrarán este próximo jueves.
No obstante, la mayoría de capitales apuesta de momento por dialogar con Washington para tratar de desescalar la tensión y entender qué hay de cierto en la advertencia de Trump, pero si la diplomacia fracasa, "la UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder", dijo hoy el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.
A la imposición de aranceles de Estados Unidos, Bruselas reaccionaría con sus propios gravámenes a la importación de productos estadounidenses, por un valor de 93.000 millones de euros.
Los principales productos afectados por este paquete arancelario serían la aviación y la maquinaria, los coches y los productos agroalimentarios como el whisky bourbon, así como la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.
La UE preparó la lista el año pasado, pero suspendió su aplicación mientras negociaba con Washington el pacto que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron en Escocia en verano, en el que Bruselas aceptó un gravamen del 15 % para una gran cantidad de productos europeos, entre ellos los automóviles y los semiconductores, mientras que Estados Unidos vendería los suyos libres de aranceles
Actualmente, la lista de 93.000 millones de euros está congelada hasta el 6 de febrero, pero podría reactivarse al día siguiente si los Veintisiete optan por no prorrogar la suspensión, algo que deberán decidir en las próximas semanas.
Mientras tanto, los principales grupos del Parlamento Europeo se oponen a ratificar el acuerdo entre Trump y Von der Leyen y tienen previsto tomar una decisión este miércoles.
Informalmente se conoce como el "bazuca comercial" y entró en vigor en 2023 para hacer frente a "una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión".
El instrumento prevé que la Comisión Europea actúe de forma gradual para poner fin a la amenaza, primero entablando negociaciones con el país en cuestión y sólo en último término se adoptarían represalias comerciales, que podrían incluir un amplio abanico de medidas.
Por ejemplo, restricciones a las importaciones y exportaciones a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.
Su puesta en marcha puede prolongarse varios meses y las primeras represalias podrían tardar hasta un año en llegar, aunque los plazos pueden acortarse si se quiere actuar con celeridad.
En primer lugar, la Comisión tiene hasta cuatro meses para comprobar que la UE se enfrenta a una coerción económica.
Una vez haya llegado a esa conclusión, los países de la UE tienen un máximo de 10 semanas para ratificarla por mayoría cualificada, es decir, con el visto bueno de al menos 15 países que representen al 65 % de la población.
Bruselas tendría entonces seis meses para plantear las represalias.
El presidente francés, Emmanuel Macron, es quien más favorable se ha mostrado a activar el instrumento anticoerción, en una propuesta que apoyan también España, Alemania y Polonia, según han dicho a EFE fuentes diplomáticas.
Aunque por ahora no hay consenso para estrenarlo frente a Estados Unidos. EFECOM
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