Archivan la pieza principal del caso Hispano Almería, llamado la caja B del PP almeriense

Almería, 19 ene (EFE).- El Juzgado de Instrucción 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería, centrada en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y da carpetazo definitivo a la macrocausa que investigaba desde hace años una presunta trama de financiación ilegal del PP almeriense y la existencia de una supuesta caja B.

En un auto fechado el 15 de enero de 2026, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Ana Belén Vico Serrano atiende a la petición de la Fiscalía y de las defensas ejercidas por letrados como Alfredo Najas de la Cruz, Juan Marfil y José Luis Alabarce, al concluir que no existen indicios de delito en la adjudicación de contratos públicos a la constructora.

La resolución desactiva la tesis de la acusación sobre una "trama perfectamente organizada" para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas entre los años 2000 y 2010. La juez basa su decisión fundamentalmente en el cambio de criterio de la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y en la falta de validez probatoria de los famosos "recibís" hallados en su día.

El auto destaca que, tras una "compleja instrucción" y el análisis de una "profusa documentación", la investigación dio un vuelco tras el último informe pericial. La juez subraya que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF, que inicialmente alertó de anomalías, emitió un informe posterior en febrero de 2022 "modificando sustancialmente lo afirmado hasta entonces".

Según recoge la resolución, la Policía concluyó finalmente que en la documentación examinada "no se han detectado graves irregularidades en el ámbito específico de su función, la contratación administrativa", y que los fallos detectados "carecen de relación con la presunta comisión" de delitos como prevaricación, cohecho, malversación o tráfico de influencias.

Uno de los puntos clave de la investigación fue el hallazgo de una serie de documentos, facturas y una libreta -supuestamente encontrados en un contenedor de basura- que contenían anotaciones manuscritas o "recibís" que apuntaban a pagos a técnicos y políticos.

Aunque la magistrada reconoce que su existencia es "un indicio de delito", el auto precisa que estos papeles "no se encuentran firmados por ninguno de los supuestos receptores". La juez argumenta que "no se ha podido acreditar, suficientemente, la efectiva entrega/recepción de esas cantidades por los investigados" ni tampoco se ha hallado rastro del dinero tras el análisis patrimonial de las sociedades y los implicados.

La juez Vico Serrano recuerda que para que exista prevaricación, la resolución debe dictarse "a sabiendas de su injusticia" y ser "arbitraria".

En este sentido, concluye que las posibles irregularidades detectadas en los 62 expedientes analizados del Ayuntamiento de Roquetas de Mar "adolecen de la gravedad necesaria para ser relacionadas con una posible actividad criminal" y no suponen una "patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico".

Con este archivo se cierra el último y más importante capítulo de una causa que ha marcado la vida política de Almería en la última década. Esta pieza se suma a los archivos ya decretados anteriormente para las ramificaciones de Níjar, La Mojonera y Carboneras.

El caso mantuvo bajo la lupa la gestión de Gabriel Amat, quien continúa al frente de la alcaldía de Roquetas de Mar. También se vieron señalados en diversas fases del procedimiento otros cargos que hoy ocupan responsabilidades diferentes, como Carmen Crespo, actual eurodiputada popular y exconsejera de Agricultura -cuya imputación fue anulada por error procesal al ser aforada-, o el excalde de La Mojonera José Cara. EFE

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