
El fiscal sostiene que el acusado se retiró del local tras apropiarse de maquinaria y mobiliario, trasladando estos bienes a otro establecimiento antes de abandonar la gestión, según consignó el Ministerio Público en el escrito de acusación. Esta conducta se vincula a un supuesto ardid mediante el cual el imputado habría engañado a un empresario de Córdoba al formalizar un acuerdo verbal de traspaso de un negocio, según reportó el medio original.
De acuerdo con la información recogida por la Fiscalía y detallada por el medio, el imputado mantenía una relación frecuente y directa con el administrador de la entidad afectada, actuando como proveedor e interesado en la gestión del local. El Ministerio Público indica que, en base a esta relación previa y la confianza establecida, el procesado logró que el administrador le cediera la llave del inmueble y la administración temporal del negocio, incluso antes de formalizar el contrato.
El proceso judicial está previsto para la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, donde se abordarán los hechos atribuidos al acusado, quien enfrenta una solicitud de condena de dos años y nueve meses de prisión, así como una multa de 5.400 euros, conforme detalló la fuente mencionada. Los cargos incluyen presuntos delitos de estafa y apropiación indebida tras la adquisición fraudulenta de un local comercial en la capital cordobesa.
El escrito de la Fiscalía puntualiza que, en el marco del acuerdo verbal inicial, ambas partes convinieron formalizar el traspaso del local una vez recopilada toda la documentación necesaria. Mientras tanto, el acusado recibiría la llave y la autorización para gestionar el negocio. Pese a estos acuerdos, la acusación mantiene que el procesado elaboró excusas recurrentes para posponer la firma del contrato y, al negociar el pago, solicitó un aplazamiento. En lugar de realizar el pago acordado, el acusado ofreció como garantía una finca registral, con pleno conocimiento de que no entregaría cantidad alguna, según la información divulgada por el Ministerio Público.
La víctima, convencida por la garantía ofrecida, procedió a ceder la administración efectiva del negocio, entregando el establecimiento con todo su equipamiento, mobiliario, los permisos para operar y las deudas vigentes con proveedores. El acusado, alegando la necesidad de constituir una nueva empresa en lugar de adquirir la ya existente, se comprometió a modificar los contratos de suministro y asumir los gastos de funcionamiento, compromiso que tampoco se concretó.
Las evidencias recogidas en el expediente muestran que el acusado prorrogó indefinidamente la formalización del traspaso, manteniendo la gestión del negocio sin cumplir con sus obligaciones y, posteriormente, procedió a abandonar el local llevándose diversos bienes, de acuerdo con el relato del Ministerio Público. El mobiliario y la maquinaria trasladados fueron depositados luego en un establecimiento distinto, pues el acusado no procedió nunca a regularizar el traspaso ni realizó el pago comprometido.
La acusación sostiene que las acciones del imputado tuvieron como finalidad beneficiarse personalmente a costa de la confianza depositada por la víctima y de los recursos materiales del negocio, en un aparente esquema de apropiación ilegítima. El Ministerio Público concreta que tanto el mobiliario como el fondo de comercio y otros activos relacionados formaban parte del patrimonio transferido de forma no regularizada.
Las penas solicitadas por la Fiscalía contemplan tanto privación de libertad como multa económica, con el objeto de sancionar el perjuicio patrimonial generado y la presunta vulneración de las obligaciones contractuales y legales. El proceso judicial determinará si procede la condena solicitada y definirá las eventuales reparaciones o resarcimientos para la parte afectada.
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