La doctora Pinto asegura que López Madrid contrató a Villarejo para "hundir" sus denuncias por hostigamiento

En uno de los momentos más tensos de su comparecencia, la dermatóloga Elisa Pinto relató ante la Audiencia Nacional que las llamadas que empezó a recibir, a raíz de sus acusaciones, se tornaron amenazantes con mensajes como: “Te vamos a matar, tienes unos niños muy pequeños, tus hijos son muy frágiles”. Según consignó Europa Press, Pinto aseguró que el empresario Javier López Madrid recurrió al comisario jubilado José Manuel Villarejo para “hundir cualquier denuncia” por las amenazas que ella refería y, según su testimonio, este encargo pretendía obstruir las investigaciones judiciales. La declaración de la médica tuvo lugar durante la tercera sesión del juicio en el que tanto López Madrid como Villarejo y Rafael Redondo, socio de este último, enfrentan cargos por presunto cohecho.

De acuerdo con el medio Europa Press, Pinto explicó que se sintió “obligada” a mantener comunicación con el empresario, a pesar de que era algo que “no quería tener”. Las interacciones incluyeron llamadas telefónicas, mensajes y visitas tanto a su domicilio como a su consulta médica. “En una de las múltiples llamadas que me hacía, me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada. Y que además era experto en poner en su sitio ‘a las chulas’ como yo”, manifestó Pinto en su comparecencia, según reportó Europa Press. La dermatóloga insistió en que no grabó ninguna de estas conversaciones porque nunca le pareció habitual hacerlo: “Yo me dedico a la medicina, a llevar una vida tranquila, no hago negocios, no tengo complicaciones vitales y sigo sin grabar a nadie. Igual es una mala costumbre, pero no grabo a la gente”, expresó ante el tribunal.

Pinto narró también un episodio singular en su consulta, donde, según declaró, la situación estuvo bajo el control total de López Madrid: “Él me dijo ‘siéntate’. Y yo me senté. Y se sentó su acompañante a la derecha. Tapaba la pantalla del ordenador. Colocaron una cartera encima de la mesa y empezó a decirme que dejara de hacer llamadas, que se estaban haciendo llamadas desde mi casa y desde mi consulta”. Tras la reunión, la médico informó tanto a un experto informático como a su abogado, preocupado por las acusaciones de llamadas a través de tarjetas prepago. Después de ese incidente, Pinto sostuvo que las amenazas se intensificaron telefónicamente y que el temor por su seguridad personal y la de su familia aumentó.

En el desarrollo de la sesión, la magistrada presidenta, Teresa Palacios, ofreció a Pinto la posibilidad de suspender su declaración ante el estado emocional en el que se encontraba, a lo cual la testigo respondió que prefería continuar con su testimonio. En varias ocasiones, la médica hizo referencia al poder e influencia que, según alega, ostentaba López Madrid para afectar su situación personal y profesional, señalando sus contactos con centros hospitalarios y su relación con pacientes de la consulta.

La acusación particular, presentó un escrito que, siempre según Europa Press, señala que López Madrid mantenía una estrecha relación con el inspector de Policía encargado de la investigación, Alberto Carba. El documento sostiene que este funcionario policial habría remitido varios mensajes electrónicos al empresario con información sobre el estado de la investigación, llegando a advertirle acerca de la finalización del secreto de sumario. Interrogado al respecto, Carba negó haber vulnerado su deber de reserva, explicando que sus comunicaciones estaban amparadas por el Estatuto de la Víctima y que su objetivo era calmar una crisis emocional del empresario. “Ernando una intervención como negociador de la Policía que era para reducir su ansiedad, para calmarle, para que no se arrojase”, declaró Carba; añadió que nunca reveló detalles específicos de las diligencias, y que frases como “este partido lo vamos a ganar” pretendían simplemente animar al destinatario a confiar en la investigación policial.

Durante la vista, la abogada defensora de Elisa Pinto solicitó que Villarejo se retirara del lugar reservado para los acusados durante la declaración de la denunciante, para que ésta se sintiera más cómoda. Según consignó Europa Press, la magistrada argumentó que no podía obligar al comisario jubilado a abandonar su sitio en tanto era abogado y tenía derecho a permanecer junto a su representante legal. Villarejo tomó la palabra para negar cualquier relación previa con Pinto y calificó la acusación como parte de un montaje: “No he visto a esta señora en mi vida, jamás he tenido ninguna relación con ella. Digo que todo forma parte de su show y, por lo tanto, si me permite, yo me niego a esta jugada”.

La acusación particular solicita penas de 6 años de prisión tanto para Villarejo como para López Madrid, señalándolos como presuntos autores de un delito de cohecho, y pide 4 años para Rafael Redondo al considerarlo cómplice en las supuestas maniobras para obstaculizar la investigación, según detalló Europa Press. La Fiscalía, por su parte, ha expresado que no presentará acusación y se muestra partidaria de la absolución de los acusados.

El relato presentado por Pinto, según publicó Europa Press, también incluye referencias a supuestos contactos del empresario con CENYT, la estructura empresarial de Villarejo, y detalla una visita en diciembre de 2013 a la consulta de la dermatóloga, donde López Madrid apareció acompañado de Redondo, identificado como su abogado. Según la letrada de Pinto, ese encuentro tuvo como fin ejercer presión sobre la médica, a lo que se sumaron nuevos actos tras la denuncia presentada por ella en 2014. Posteriormente, siempre según la misma fuente, Villarejo habría accedido de forma no autorizada a información privada de la doctora y solicitado la colaboración de funcionarios policiales para retrasar diligencias judiciales, entre ellas una rueda de reconocimiento.

Las sesiones del juicio, de acuerdo con Europa Press, han estado marcadas por la exposición de las versiones contrapuestas de las partes y por el relato de Pinto sobre la supuesta estrategia de intimidación diseñada para desacreditar sus denuncias. El tribunal deberá determinar la veracidad de las acusaciones y la posible existencia de una colaboración para obstaculizar el avance de las investigaciones relativas a los supuestos hechos de acoso y amenazas.