Sánchez espera convencer a Junts para que apoye el nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno impulsa una reforma que incrementaría 21.000 millones de euros para las comunidades, mientras Moncloa insiste en lograr respaldo de aliados y descarta que existan territorios perjudicados, según fuentes oficiales y palabras de Pedro Sánchez

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Durante la reciente rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro griego Kyriákos Mitsotákis en La Moncloa, el mandatario español volvió a subrayar que la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica busca incrementar los recursos destinados a las comunidades autónomas en 21.000 millones de euros. Según informó el medio original, Sánchez defendió que este fondo adicional provendrá de una renuncia por parte de la Administración General del Estado a gestionar tales recursos, para así permitir que las comunidades inviertan en áreas clave como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y vivienda, ámbitos vinculados directamente al Estado del Bienestar.

De acuerdo con lo publicado, Sánchez planteó que este esfuerzo presupuestario busca impulsar una mayor cohesión social a nivel nacional a través del fortalecimiento de los servicios públicos, argumento que enmarca en la voluntad de reforzar aquellos aspectos “comunes” para todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad en que residan. Además, el presidente afirmó que la propuesta alienta la multilateralidad y no perjudica a ningún territorio, sosteniendo que “no hay ganadores y perdedores, todos ganan”, ya que todas las comunidades recibirán más fondos que con el sistema anterior gracias al actual crecimiento económico, que permite asumir este “sobrefuerzo” de financiación.

Tal como detalló la fuente, el nuevo planteamiento, anunciado la semana pasada por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, pretende sustituir un modelo de reparto de recursos autonómicos que lleva más de una década vencido y sobre el que persisten reclamaciones de reforma por parte de las regiones, especialmente de aquellas que aseguran estar penalizadas por los cambios demográficos. El Gobierno remarcó que el objetivo principal es modernizar el sistema, garantizando que ninguna autonomía salga perjudicada, mientras se fortalece la inversión en los servicios esenciales.

Sánchez declaró que está dispuesto a realizar un trabajo intenso por lograr el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante la iniciativa durante el presente año. “Voy a sudar la camiseta para poder aprobarlo”, señaló el presidente, aludiendo a la disposición del Ejecutivo para negociar con las distintas fuerzas. Recordó que su Gobierno cuenta con experiencia acumulada en la aprobación de medidas complejas “que a priori parecen difíciles”.

La Moncloa enfrenta el reto de lograr respaldo suficiente entre sus aliados, al tiempo que algunos socios parlamentarios, como Junts, han adelantado públicamente que rechazarán el texto y tratarán de bloquearlo, según consignó el medio. Ante estas declaraciones, Sánchez hizo un llamamiento específico a los gobiernos autonómicos, la mayoría bajo control del PP, a que superen las “disputas ideológicas” y colaboren con el propósito de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de mayores inversiones públicas.

Respecto a las objeciones expresadas tanto por el Partido Popular como por ciertos sectores internos del PSOE, que advierten sobre una posible cesión al independentismo catalán, fuentes gubernamentales citadas en la información mostraron su convencimiento de que Junts terminará respaldando el nuevo modelo. Argumentan que el sistema actual, debido a su antigüedad y al incremento poblacional en Cataluña, genera desventajas para la comunidad, lo que situaría el debate por encima de consideraciones partidistas.

El medio recogió que Moncloa también considera que, en caso de que el Partido Popular vote en contra, deberá justificarlo ante sus votantes, ya que entienden que hasta el momento no se han presentado argumentos sólidos para rechazar la propuesta. Desde el Gobierno, se sostiene que el planteamiento responde a la necesidad de actualizar el marco financiero para que todas las autonomías puedan gestionar e incrementar inversiones en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y vivienda, ámbitos prioritarios en la agenda pública.

El proceso para alcanzar el consenso requerido se centra en la articulación de negociaciones tanto con los aliados habituales del Ejecutivo como con las formaciones que han advertido de su rechazo. Según publicó la fuente, el Ejecutivo mantiene que la reforma es imprescindible para adaptar la financiación autonómica al nuevo contexto demográfico y económico, así como para corregir los desequilibrios detectados en los últimos años.

En esta línea, el presidente enfatizó durante su comparecencia en La Moncloa la importancia de la multilateralidad en la distribución de recursos entre territorios, asegurando que el planteamiento gubernamental garantiza que el incremento de fondos beneficie de manera homogénea a todas las comunidades autónomas. El jefe del Ejecutivo insistió en que este proyecto busca renovar un esquema ya desfasado, asegurando mayor equidad en el acceso a los recursos públicos destinados a los principales servicios sociales.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, responsable de la propuesta, subrayó en los anuncios recientes que el modelo diseñado contempla que la totalidad de las regiones mejoren su posición respecto a la situación actual, desmarcándose de la posibilidad de que algunos territorios sufran recortes o se vean perjudicados por la reforma. Las declaraciones recogidas señalan que la propuesta pretende asegurar un reparto más justo de la financiación, en correspondencia con la relevancia de las competencias gestionadas por las autonomías.

El Gobierno confía en que el clima económico actual, caracterizado por una recuperación que habilita nuevas disponibilidades presupuestarias, posibilite implementar esta reforma. Según reiteró Sánchez y publicó la fuente, la intención del Ejecutivo es culminar este proceso antes de final de año, apoyándose en los resultados de las negociaciones que continúan activas con las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso.