Junts pide cuentas al Gobierno por rebajar la ayuda a la atleta paralímpica que perdió una medalla por ayudar a su guía

El reclamo por la falta de reacción inmediata durante la Maratón de París 2024 sobresale en el debate actual en torno al caso de Elena Congost. Junts, mediante un escrito recogido por Europa Press, puso el foco en la actuación de los representantes del Comité Paralímpico Español presentes en la competición, incluido el seleccionador. Según consignó Europa Press, la formación independentista considera que la ausencia de un recurso frente a la descalificación de Congost generó perjuicios que han afectado de manera significativa a la atleta catalana. Este señalamiento se suma a la demanda de explicaciones al Gobierno respecto al papel del Consejo Superior de Deportes (CSD) en la pérdida del reconocimiento como deportista de alto nivel y la reducción de ayudas tras el episodio.

Tal como informó Europa Press, Pilar Calvo, portavoz de Deportes de Junts en el Congreso, presentó una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo con el objetivo de esclarecer los motivos que llevaron al CSD a dejar de incluir a Congost en la lista de Deportistas de Alto Nivel (DAN). Entre las principales inquietudes figura la aparente contradicción entre la retirada del reconocimiento y la continuidad de la beca, que según detalló Europa Press, el CSD habría mantenido a Congost en coordinación con el Comité Paralímpico Español a pesar de la descalificación sufrida en París.

La polémica se originó cuando Elena Congost perdió la medalla de bronce lograda en la Maratón de París 2024. Los jueces aplicaron el reglamento luego de que la atleta paralímpica soltara la cuerda que la vinculaba a su guía para asistirle, ya que este último sufría calambres una vez finalizada la carrera. Japón, cuya corredora llegó a la meta casi cuatro minutos después de la española, interpuso una protesta formal que motivó la revisión y posterior descalificación de Congost, según detalló Europa Press.

En el escrito remitido al Congreso, Junts demandó saber si el CSD ha impulsado alguna medida ante el Comité Olímpico Español para establecer responsabilidades sobre las personas que, conforme al criterio de la formación, debieron recurrir sin demora la sanción sobre Congost. Europa Press informó que para Junts existieron fallos en la defensa de los intereses de la atleta, especialmente desde las instancias presentes en la prueba, entre ellas miembros del propio Comité Paralímpico Español.

Asimismo, el grupo parlamentario interpeló al CSD acerca de las iniciativas tomadas ante la decisión del Comité Paralímpico Internacional de rechazar la opción de entregar una medalla de bronce compartida, ex aequo, a Elena Congost. Europa Press indicó que Junts insta además al Comité Paralímpico Español a solicitar al organismo internacional acciones tendientes a impedir que en futuras competencias tenga lugar la aplicación de interpretaciones consideradas injustas del artículo reglamentario que se utilizó en el caso de Congost. De acuerdo al análisis de Junts, aunque la atleta incumplió el reglamento al soltar la cuerda, lo hizo por razones ajenas al intento de obtener ventaja competitiva.

En su intervención, Pilar Calvo expuso la necesidad de clarificar los procedimientos implementados tanto por el CSD como por las instancias deportivas que participaron en la gestión del caso. Europa Press consignó que la formación política expresó su insatisfacción por la gestión institucional tras la descalificación y la subsecuente retirada del reconocimiento de Deportista de Alto Nivel a Congost, lo que conllevó una reducción en las ayudas económicas destinadas a la atleta.

En el trasfondo del caso subyacen aspectos sobre los mecanismos y la agilidad en la defensa de los derechos y reconocimientos de los deportistas paralímpicos en España. La situación de Elena Congost, expuesta en documentos oficiales consultados por Europa Press, ha reabierto el debate sobre la tutela de los intereses de quienes compiten en el alto rendimiento y sobre cómo las decisiones administrativas inciden en sus trayectorias profesionales y personales.

El escrito dirigido al Gobierno recoge también inquietudes respecto a la forma en la que el CSD, en colaboración con el Comité Paralímpico Español, maneja las sanciones y los recursos aplicables ante decisiones que afectan a atletas nacionales en competencias internacionales. Europa Press reportó que Junts insiste en la importancia de que los órganos estatales y federativos actúen con diligencia y responsabilidad, tanto en la defensa como en la salvaguarda de sus deportistas, para evitar situaciones similares en el futuro.

El caso de Congost gira, según datos recogidos por Europa Press, en una interpretación específica de un artículo del reglamento que obliga al atleta y a su guía a mantenerse unidos mediante una cuerda a lo largo de toda la prueba. La actuación de la atleta, asistiendo a su acompañante con problemas físicos inmediatamente después de cruzar la meta, desencadenó la polémica decisión de despojarla de la medalla, lo que llevó a la protesta y las demandas políticas ahora en curso.

Las preguntas de Junts buscan determinar si hubo vías efectivas de recurso que no se exploraron y reclaman acciones para que ni Elena Congost ni otros deportistas queden desprotegidos ante situaciones parecidas. Europa Press resaltó que la formación solicita al Ejecutivo y a los organismos deportivos garantías para evitar interpretaciones reglamentarias desfavorables que no correspondan con el espíritu de la norma, considerando la trayectoria y el contexto en el que se desempeñan los deportistas afectados.