El fiscal cree que hay "prueba más que suficiente" para condenar al dueño de una finca que mató a un asaltante

La familia de la persona fallecida ha solicitado que se eleve la calificación penal de los hechos, argumentando a través de sus representantes legales que se trató de un asesinato y no de un homicidio. La defensa menciona que la víctima fue sorprendida por la espalda, desarmada y apuñalada múltiples veces, señalando que estas circunstancias demuestran premeditación y alevosía por parte del acusado. Según el medio, la defensa del padre sostiene que "la víctima no empleó la violencia, que únicamente ejercía el acusado, no eran tres contra uno, sino una persona que estaba desarmada a la que se sorprendió por la espalda y a la que se siguió apuñalando y murió desangrada". Esta posición contrasta con la tesis del fiscal, quien considera que existe "prueba más que suficiente para la condena", aunque el debate gira en torno a la calificación exacta del delito y la responsabilidad penal.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el juicio contra el propietario de una vivienda en Inca, acusado de haber matado a uno de los cuatro hombres que presuntamente pretendían robar varias plantas de cannabis el 24 de septiembre de 2020, comenzó este lunes en la Audiencia Provincial. La sesión inició tras la constitución del jurado popular que debe determinar si los hechos constituyen homicidio, asesinato, legítima defensa o una responsabilidad diferente, afectando tanto al propietario como a los otros tres acusados que participaron en el asalto. El medio detalla que la vista se inició después de las 13:00 horas, continuando con la lectura de los informes iniciales tras el trámite de cuestiones previas.

El fiscal ha solicitado que se imponga una pena de 15 años de prisión al dueño de la finca, considerándolo responsable de un homicidio, mientras que pide para los otros tres implicados, acusados de intentar perpetrar el robo, una condena de 11 meses de prisión cada uno. Según reportes del medio, el fiscal mantuvo en su intervención que "el hecho de que el acusado mató a una persona no es controvertido", aunque el debate judicial se centra en los motivos, las circunstancias y el grado de culpabilidad.

La defensa de los otros tres supuestos asaltantes ha reclamado la absolución para sus representados, declarando que estos no participaron en los hechos centrales y no deberían ser considerados responsables del homicidio o asesinato. Los abogados de estos acusados sostienen que sus clientes solo permanecieron en el exterior del domicilio y no tomaron parte en la agresión que se produjo dentro de la propiedad, según lo detallado por el medio.

El relato de los hechos recogido por la acusación narra que cuatro personas acudieron aquel día al domicilio de Inca con la intención de apoderarse de unas plantas de marihuana. Mientras tres de ellos permanecieron vigilando fuera, uno ingresó en la propiedad a través de una apertura en una valla metálica. Fue en este momento cuando se produjo el enfrentamiento entre el asaltante y el residente, quien le propinó varias puñaladas. El asaltante, a pesar de haber resultado gravemente herido, logró huir al exterior, aunque fue perseguido por el propietario, quien volvió a apuñalarlo antes de abandonar el lugar. El medio precisa que la víctima falleció en el lugar poco después debido a las heridas.

El Ministerio Público también reclama una indemnización económica para la familia de la persona fallecida, estimada en una cantidad cercana a los 157.000 euros. Según la información publicada, esta petición acompaña a la pena de prisión solicitada para el propietario, conformando las medidas punitivas y compensatorias propuestas ante el tribunal.

La defensa del acusado de causar la muerte rechaza los cargos en los términos planteados por el fiscal y la acusación particular, argumentando que las circunstancias que rodearon el suceso no permiten considerar ni homicidio ni asesinato, pues lo ocurrido respondería a una reacción no premeditada y bajo una situación de peligro. La versión de esta defensa implica que el acusado se habría visto sorprendido por los hechos y que el desenlace no fue producto de una planificación.

El juicio continuará durante la semana, según lo informado, previendo la comparecencia de varios testigos, incluidos agentes de la Guardia Civil, quienes aportarán datos sobre la investigación y los sucesos posteriores al incidente. El desarrollo de las sesiones se centrará en esclarecer cuál fue la secuencia de los hechos, la posible participación de cada uno de los acusados y los elementos que permitan al jurado establecer la naturaleza de la responsabilidad penal.

Tal como publicó el medio, tras las intervenciones iniciales de las partes y la lectura de los autos, la atención queda puesta en las pruebas testificales y los informes periciales que se presentarán en los próximos días. El tribunal popular deberá analizar todas las pruebas, escuchar a los afectados y valorar los hechos expuestos antes de emitir su veredicto respecto a la culpabilidad o inocencia no solo del propietario, sino también de los tres acompañantes del fallecido, a quienes se acusa de tentativa de robo.

La causa pone en disputa cuestiones legales sobre el alcance de la legítima defensa, la proporcionalidad de la respuesta ante un asalto y las fronteras entre homicidio doloso, asesinato y muerte accidental en contextos de robo. Según consignó el medio, la decisión que adopte el jurado y, finalmente, el tribunal, establecerá un precedente para situaciones similares que involucren la defensa de bienes privados ante intrusiones violentas.