El exrector de la Carlos III se defiende en el juicio por prevaricación en la adjudicación de plazas a docente

En la sesión celebrada ante la Audiencia Provincial de Madrid, la Fiscalía solicitó la absolución de Juan Romo Urroz y de otros cinco altos cargos de la Universidad Carlos III de Madrid, argumentando que en el proceso de adjudicación de plazas docentes del Departamento de Tecnología Electrónica no se advirtió delito alguno. La acusación particular, ejercida por el abogado Marcos García Montes en nombre de un denunciante, reclama en cambio hasta tres años de inhabilitación para el exrector, quien enfrenta la imputación de un presunto delito de prevaricación administrativa tras la denuncia presentada en 2019 por supuestas irregularidades.

Según publicó el medio, el juicio abordó los detalles del proceso de selección docente convocado por la universidad en diciembre de 2017, cuando Romo ejercía la función de rector. El proceso, motivado por exigencias contempladas en los Presupuestos Generales, respondió a la obligación de regularizar plazas ocupadas interinamente. La Universidad Carlos III, destacó el medio, abrió un total de 31 concursos para cubrir 39 plazas en distintos departamentos, incluyendo Tecnología Electrónica. Romo aseguró ante el tribunal que su papel se limitó a la firma de la convocatoria oficial, enfatizando que dicha actuación se realizó conforme a la normativa académica vigente.

En su declaración, Romo puntualizó que no formó parte de ninguna comisión de selección, ni participó en ninguna de sus etapas, aunque reconoció conocer personalmente a algunos de sus integrantes por su condición de docentes en la institución. A este respecto, la Fiscalía subrayó que no existieron impugnaciones formales al proceso, según reportaba el medio, y que la resolución final se publicó en el Boletín Oficial del Estado donde se informó la selección de tres candidatos para las plazas ofertadas.

El denunciante, quien también aspiraba a una de las plazas y no fue seleccionado, alegó que sus méritos resultaron injustamente relegados. Sostuvo que, en su criterio, los miembros de la comisión de selección mantenían vínculos habituales de colaboración con algunas de las candidatas adjudicatarias, lo que, a su juicio, pudo influir en el proceso. Esta acusación marcó el inicio del litigio penal, si bien el afectado pudo haber recurrido a otras vías como la administrativa y la contenciosa, detalló la cobertura periodística.

Durante el juicio, tanto Romo como los otros cinco acusados explicaron que los procedimientos de selección universitaria se rigen por criterios estrictos e inalterables de acceso, aplicables de igual manera en todas las instituciones universitarias españolas y con un carácter internacional, según resaltó uno de los procesados. Otro de los implicados reafirmó la obligatoriedad de ceñirse a esos criterios, negando cualquier margen para manipulación o trato de favor durante el proceso. La composición de la Comisión de Selección, constitutida oficialmente el 13 de febrero de 2018, quedó integrada por los otros cinco investigados, quienes asumieron la responsabilidad de evaluar las candidaturas y establecer la propuesta de nombramiento.

El fiscal, indicó el medio, respaldó la actuación de Romo y de los restantes dirigentes universitarios, desestimando indicios de prevaricación o favoritismo. La Fiscalía subrayó en su escrito que todas las etapas del concurso se desarrollaron bajo las bases previstas, sin que se hayan detectado irregularidades sustanciales en la adjudicación de las plazas. A juicio de la representación fiscal, no existen elementos que permitan sostener la comisión del delito imputado.

Por su parte, la defensa del exrector reiteró que la intervención de Romo en el procedimiento se confinó a la aprobación formal de la convocatoria, acción que consideró un mero trámite administrativo impuesto por las exigencias legales y presupuestarias, según relató el medio. Recalcó que la decisión sobre los candidatos seleccionados recayó de forma exclusiva en la comisión evaluadora.

El proceso de cobertura de vacantes atendió a la regularización de puestos interinos en la Universidad Carlos III de Madrid y representó una actuación ordinaria conforme a las necesidades del centro, tal como recogió el reporte. Las plazas adjudicadas correspondieron a distintos departamentos de la universidad, siendo el caso del Departamento de Tecnología Electrónica el propiciador de la denuncia penal presentada por el candidato no seleccionado.

La Audiencia Provincial de Madrid escuchó los argumentos de las partes involucradas, revisando los documentos del concurso, las motivaciones presupuestarias y las normativas a las que se dio cumplimiento durante todo el procedimiento. Según el relato del medio, la fase de pruebas y criterios utilizados siguieron los estándares habituales para concursos de acceso al cuerpo docente universitario español. La resolución definitiva, tras la selección, se hizo pública y no recibió recursos administrativos antes de la denuncia penal.

El desenlace de este proceso judicial depende ahora del criterio del tribunal, que deberá valorar si existieron irregularidades con relevancia penal o si, como defiende la Fiscalía, la gestión de Romo y los altos cargos de la universidad se ajustó a la legalidad.