Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación "ilegal" de Trump en Venezuela: "No podemos aceptarlo"

La decisión del Gobierno de España de no reconocer al Ejecutivo de Nicolás Maduro, junto a la intención de abrir un canal de interlocución tanto con la oposición venezolana como con la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez, marca un enfoque diplomático que busca propiciar un diálogo efectivo sobre el futuro político de Venezuela. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez propone que España podría desempeñar un papel de mediador internacional, colaborando en una eventual transición que permita la celebración de elecciones consideradas justas y libres por parte de la comunidad internacional. La propuesta incluye el objetivo de garantizar que la ciudadanía venezolana pueda expresar su voluntad en condiciones de libertad y decidir sin condicionamientos sobre el futuro de su país, según informó el medio.

El medio reportó que, durante una comparecencia ante la prensa en París, Pedro Sánchez calificó la operación militar estadounidense promovida por Donald Trump en Caracas el sábado como un "precedente muy peligroso" y una acción "a todas luces ilegal". Según sostuvo el mandatario español, la incursión se orientó a alterar el Gobierno en Venezuela con el aparente propósito de tomar control de sus recursos naturales. Sánchez denunció esta intervención como una violación explícita del derecho internacional, señalando que este tipo de conductas representan un riesgo considerable porque trasladan al sistema internacional hacia un modelo regido por la fuerza, en detrimento de las normas acordadas entre naciones. El gobernante advirtió sobre el riesgo de reproducir escenarios de inseguridad global y de incertidumbre similares a los vividos tras intervenciones armadas previas.

De acuerdo con la cobertura del medio, Sánchez puntualizó que "la operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que por cierto nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones". Rechazó enérgicamente que, por más que no se reconozca la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro, esto justifique la toma de medidas que transgredan el ordenamiento internacional: "precisamente por ese motivo", manifestó, queda fuera de toda consideración el respaldo a una intervención armada por parte de Estados Unidos en territorio venezolano. En este sentido, reiteró que no se puede responder a la ilegitimidad de un ejecutivo con una acción militar de carácter ilegal.

El medio detalló que la condena se extiende a la justificación aparente de Estados Unidos sobre la operación, ya que, en palabras de Sánchez, "el único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un Ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales". Por ello, acentuó la importancia de preservar el orden internacional "basado en reglas", argumentando que solo de esa manera las relaciones entre países se rigen por mecanismos consensuados y no por "la ley de la selva".

En cuanto a las relaciones bilaterales, Sánchez expresó su intención de mantener contactos tanto con la oposición venezolana, entre ellos Edmundo González, residente en España, como con miembros del actual gobierno, encabezados por Delcy Rodríguez. Según consignó el medio, esta vía de diálogo busca establecer puentes que faciliten una "transición que culmine en unas elecciones limpias", subrayando la posible contribución española como actor mediador internacional. La propuesta descansa en la convicción de que "España puede desempeñar un papel de mediación y contribuir a una transición que culmine en unas elecciones limpias, en las que el pueblo venezolano pueda votar en libertad y decidir libremente sobre su futuro".

En relación con Groenlandia, Sánchez también se refirió al reclamo de Donald Trump respecto a ese territorio, enfatizando que el Gobierno español defiende la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y la protección de la integridad territorial de los Estados europeos. Remarcó que España no aceptará amenazas de esa índole contra Dinamarca y rechazó todo acto que contradiga los principios del derecho internacional. El presidente del Gobierno declaró que "no podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como Gobierno no nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que por desgracia cada vez son más recurrentes. Y por tanto España no va a ser cómplice de tal atropello".

Sánchez subrayó que, pese a las posibles tensiones diplomáticas, su Gobierno se mantendrá firme en el respaldo a sus aliados y en la defensa del multilateralismo, aunque esta posición incomode a determinados actores internacionales. Añadió que, en un contexto de debilitamiento del orden multilateral, España apuesta por reforzar la cooperación entre Estados y actuar siempre del lado de la legalidad internacional.

"Las palabras son importantes, son muy importantes. El peso de las palabras sobre todo en política internacional, sobre todo cuando estamos hablando de diplomacia frente a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, precisamente es lo que debemos defender en este momento", insistió el jefe del Ejecutivo, según publicó el medio. Sánchez resaltó que el papel de la diplomacia y el peso del lenguaje resultan fundamentales para contener la escalada de acciones unilaterales y violentas en las relaciones internacionales, advirtiendo contra la normalización del uso de la fuerza como instrumento para dirimir diferencias entre países.

El presidente rememoró que España, desde el primer momento, nunca reconoció al Gobierno de Nicolás Maduro, justificando esa posición en la infracción de las reglas democráticas y en la ausencia de legitimidad en la reelección del mandatario venezolano, quien actualmente permanece encarcelado en Estados Unidos. No obstante, concluyó que esta posición no puede equipararse con el respaldo tácito o explícito a la intervención militar extranjera, advirtiendo sobre el peligro de sentar precedentes que incentiven soluciones de fuerza por encima del diálogo y el respeto al derecho internacional.