La ALBA denuncia como "acto de agresión" el bloqueo de buques petroleros a Venezuela

Representantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América acusan a Estados Unidos de vulnerar normas internacionales con nuevas medidas restrictivas, sostienen que la disposición constituye amenaza severa para la estabilidad de Venezuela y la seguridad internacional

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El gobierno venezolano, en respuesta a la reciente decisión de Estados Unidos de bloquear los buques petroleros sancionados relacionados con Venezuela, advirtió sobre el impacto de estas medidas en la economía, el acceso a la salud, la vida cotidiana y el desarrollo del país. Según informó la agencia EFECOM, las autoridades venezolanas calificaron esta acción como una amenaza que va más allá de las fronteras nacionales y afecta la estabilidad de la región.

De acuerdo con el medio EFECOM, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conformada por varios países del continente americano, manifestó su rechazo al anuncio hecho por el presidente estadounidense Donald Trump. La organización dio a conocer un comunicado, divulgado a través de la red social X, en el que califica la disposición del gobierno estadounidense como un “acto de agresión” y una “grave, temeraria y supremacista amenaza” contra Venezuela. Según consignó la agencia, el texto enfatiza que la medida no solo obstaculiza la navegación y el comercio internacional, sino que constituye una violación del derecho internacional.

El comunicado de la ALBA sostuvo que la orden de Trump representa, en sus palabras, “un bloqueo total y la apropiación forzosa de los recursos venezolanos” por parte de Estados Unidos. Además, la declaración denuncia la intención “explícita de robarse el petróleo, las tierras y las riquezas naturales de Venezuela”, así como la interferencia en la libre navegación de buques y la actividad económica del país sudamericano. La organización detalló que tales acciones configuran, a su juicio, “un crimen de lesa humanidad”, por afectar de manera directa a la población venezolana y restringir sus condiciones de vida.

Al referirse a la calificación del Gobierno de Venezuela como “organización terrorista”, la ALBA respondió rechazando y calificando esta postura como “absurda e irresponsable”. El bloque enfatizó que la escalada de presión y medidas restrictivas arriesga la “paz regional y mundial” y ratificó, según publicó EFECOM, su “solidaridad plena e irrestricta” con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En este contexto, el presidente Maduro se comunicó el miércoles con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres. Durante la llamada, el mandatario venezolano expuso las preocupaciones de su administración ante la “escalada de amenazas” provenientes del gobierno estadounidense y describió las “graves implicaciones para la paz regional” derivadas de estas nuevas medidas, tal como detalló EFECOM.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, intervino para garantizar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) defenderá la integridad territorial del país y el sistema constitucional y democrático existentes, de acuerdo con lo referido por la agencia de noticias. Este pronunciamiento se produce después de que el presidente Trump anunciara la intensificación de sanciones y medidas de restricción contra el tránsito de navíos petroleros con relación con Venezuela. Esta decisión se inscribe en una serie de acciones en el Caribe, bajo el argumento oficial de luchar contra el narcotráfico, aunque las autoridades de Caracas interpretan que el verdadero objetivo es favorecer un cambio de gobierno en Venezuela.

El presidente Trump afirmó, según citó EFECOM, que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”. Esta declaración refuerza la narrativa utilizada para justificar el endurecimiento de las restricciones sobre los recursos energéticos y los flujos comerciales venezolanos.

Los países miembros de la ALBA consideraron que el bloqueo de los buques petroleros no solo constituye una medida unilateral, sino que también representa, en su opinión, una transgresión grave a normas fundamentales del derecho internacional. Denunciaron que la acción va dirigida a apropiarse de bienes estratégicos, en particular los recursos energéticos y naturales del país sudamericano, afectando la soberanía y las posibilidades de desarrollo económico independiente.

En distintas intervenciones públicas, voceros de la organización han hecho especial hincapié en las consecuencias sociales y humanitarias asociadas a la interrupción del comercio petrolero. El cierre de rutas comerciales y la confiscación de activos petroleros impactan, según advierten, en la capacidad del Estado para sostener servicios básicos y financiar sectores como la salud y la educación. La ALBA también recalcó los riesgos para la navegación y el comercio internacional, involucrando a terceros países y operadores globales cuya actividad depende de la libre circulación marítima.

Diversos actores regionales se han sumado a la alerta por posibles efectos desestabilizadores en Sudamérica y el Caribe, mientras que organismos multilaterales y figuras políticas han sido notificados por el gobierno venezolano sobre las nuevas restricciones adoptadas por la administración estadounidense. Las autoridades de Caracas sostienen que el contexto de presiones externas se ha intensificado y han insistido en la naturaleza política de las acciones, reclamando el respeto a la soberanía nacional y el diálogo multilateral como vía para resolver diferencias.

La situación generada por el bloqueo de los buques petroleros ha colocado nuevamente en primer plano el debate sobre la legalidad y las implicaciones de las sanciones económicas, las restricciones comerciales y la protección de los recursos energéticos en América Latina. Venezuela, junto con los integrantes de la ALBA, insiste en que la comunidad internacional debe vigilar respetar los principios del derecho internacional y la no injerencia en los asuntos internos de los países.