El juez de Madrid que investiga a Leire Díez por presuntamente ofrecer favores a cambio de información comprometedora de cargos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que le facilite las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita sobre la otra supuesta trama de comisiones en la que se encuentra imputada la exmilitante del PSOE.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, solicita a la AN que "remita el atestado elaborado por la UCO que motivo la incoación del procedimiento".
Zamarriego se lo pide al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, en manos del magistrado Antonio Piña, que fue el que abrió la investigación contra Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por presuntas irregularidades en contratos públicos.
No obstante, la investigación ha recaído finalmente en el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, ya que su compañero lo asumió cuando se encontraba de guardia y la causa pasó después a reparto.
"Y en el caso de estar declarado secretas dichas actuaciones, remítase el mismo una vez alzado el secreto", precisa Zamarriego, ya que la causa abierta en la Audiencia Nacional está todavía bajo secreto de sumario.
Fue la asociación Hazte Oír quien solicitó a Zamarriego que pidiera a la AN copia de la documentación incautada por la UCO en los registros que tenga relación con las dos causas.
En la causa de los juzgados de Plaza de Castilla, el juez investiga a Díez como la presunta cabecilla de un grupo, junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, que buscaba información sobre mandos de la UCO y Anticorrupción.
Para el instructor, la exmilitante socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", según expuso en un auto.
La Audiencia Nacional, por su parte, investiga si Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.
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