El Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz, asumió la investigación relativa a una supuesta trama de cobro de comisiones que involucraría a figuras empresariales y a antiguos altos cargos públicos por presuntas irregularidades en contratos públicos, tras una reasignación inicial de la causa. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la solicitud de transferencia de la documentación y atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se produjo luego de que la investigación quedara en manos de este juzgado. La petición se dirige al Juzgado Central de Instrucción Número 6, cuyo titular Antonio Piña había iniciado la indagatoria sobre la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso.
La solicitud judicial, liderada actualmente por el juez Arturo Zamarriego, responsable del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, exige a la Audiencia Nacional el envío del atestado original elaborado por la UCO, que sirvió como base para abrir la investigación inicial sobre esta presunta red de sobornos. Según destacó Europa Press, Zamarriego aclara que, en caso de encontrarse bajo secreto de sumario dicho material, su transferencia deberá producirse tras el levantamiento de esa medida.
En el contexto de esta causa, la investigación se centra en las acciones de Leire Díez, a quien se le atribuye el liderazgo de una organización que presuntamente operaba junto al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol. El grupo habría intentado obtener información considerada comprometedora o de carácter irregular sobre mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de obstaculizar investigaciones en procedimientos que involucran a políticos y empresarios, según informó Europa Press a partir de los autos judiciales.
La documentación solicitada incluye materiales incautados por la UCO en los registros relacionados con las dos causas, detalle que tomó relevancia luego de que la asociación Hazte Oír instara al juez Zamarriego a pedir copias de estos documentos. Europa Press especificó que la petición busca abarcar todo lo relativo a las actuaciones en las dos investigaciones abiertas: la que tramita el propio juzgado madrileño y la que instruye la Audiencia Nacional, ambos con nexos en los hechos investigados y en las personas implicadas.
De acuerdo con la información consignada por Europa Press, la Audiencia Nacional mantiene activas pesquisas para dilucidar si Díez, Fernández y Alonso recibieron comisiones que alcanzarían los 700.000 euros. Las operaciones investigadas involucran la supuesta participación de empresas públicas y de entidades dependientes de la SEPI, lo que amplía la dimensión de la trama y su impacto en la gestión de recursos públicos.
La investigación original, antes de pasar al Juzgado Central de Instrucción Número 5, se hallaba bajo la competencia del juzgado madrileño debido a que el magistrado de la Audiencia Nacional asumió la guardia temporalmente y la causa se envió a reparto, explicó Europa Press. Esta circunstancia administrativa determinó el camino procesal que sigue actualmente la causa judicial.
En la causa abierta en los juzgados de Plaza de Castilla, que complementa la investigación principal de la Audiencia Nacional, se examina la presunta coordinación entre Díez, Pérez Dolset y Rusiñol. El auto del instructor, reproducido por Europa Press, atribuye a la exmilitante del PSOE la dirección de una actuación continuada y organizada cuyo propósito sería anular o menospreciar la efectividad de investigaciones relevantes, afectando a diferentes actores del ámbito político y empresarial.
La medida de solicitar información reservada, junto con los atestados elaborados por la UCO, puede suponer un avance crucial para la instrucción de la causa en los juzgados de Madrid, según el curso judicial reseñado por Europa Press. A la espera de que se levante el secreto de sumario, los materiales solicitados podrían esclarecer las conexiones entre las causas y el alcance de las operaciones bajo escrutinio judicial, así como la posible implicación de entidades bajo control estatal.
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