El Supremo ordena ejecutar la sentencia contra García Ortiz y la remite a Fiscalía "a los efectos oportunos"

El Tribunal Supremo ha decidido remitir la resolución sobre la condena de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, lo que abre el análisis de las incidencias que podría tener el fallo en su futura reincorporación a la carrera fiscal y el ejercicio de su profesión. Tal como señaló Europa Press, esto podría afectar tanto el estatus de García Ortiz como el desarrollo de su actividad profesional dentro del Ministerio Fiscal.

Europa Press publicó que la sentencia contra García Ortiz incluye dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros por la revelación de información confidencial relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal solicitó que García Ortiz deposite las cantidades correspondientes en la cuenta de depósitos y consignaciones propia del Supremo, según consta en el auto dictado el 12 de diciembre. La resolución también señala que se trasladará copia certificada del documento a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, acompañando testimonio de la sentencia "a los efectos oportunos".

El procedimiento judicial se precipitó el 24 de noviembre, cuando García Ortiz presentó su renuncia al cargo de fiscal general, apenas cuatro días después de conocerse la condena anticipada—una medida tomada antes de la redacción íntegra de la sentencia por temor a posibles filtraciones, según consignó Europa Press. El cese formal se produjo el 9 de diciembre, dando paso a la asunción de funciones por parte de Teresa Peramato, reconocida en el ámbito de la lucha contra la violencia de género.

A partir de este punto, el foco se traslada a la Inspección Fiscal, ya que, según resaltaron fuentes consultadas por Europa Press, será este órgano el responsable de evaluar cómo afectará la condena al estatus profesional de García Ortiz. El caso toma relevancia porque, durante su desempeño como fiscal general del Estado, García Ortiz pasó a encontrarse en la condición administrativa de "servicios especiales". Esta situación implica que quedó apartado temporalmente del cuerpo de fiscales y, para reincorporarse, debe solicitar el reingreso.

Las mismas fuentes advierten a Europa Press que el trámite de reincorporación no está exento de complicaciones. Existen posibilidades de que la condena conduzca a la expulsión definitiva de García Ortiz de la carrera fiscal, ya que el artículo 46, apartado d), del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) recoge que la condición de fiscal se pierde cuando recae una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". De forma complementaria, el Reglamento del Ministerio Fiscal prevé en su artículo 32, epígrafe d), que una condena que implique "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso" es causa directa de pérdida del puesto.

No obstante, Europa Press detalló que el Tribunal Supremo especificó en su sentencia que la inhabilitación impuesta afecta únicamente al ejercicio del cargo de fiscal general del Estado y que "sería excesiva su proyección a otros" cargos. Además, el órgano judicial matizó que las "consecuencias extraprocesales" de la resolución judicial quedan en un plano separado del proceso estrictamente penal y corresponden a la Inspección Fiscal el análisis de dichas repercusiones.

Este escenario genera incertidumbre en cuanto a cómo se aplicarán las normas internas de la carrera fiscal tras una condena de estas características. El dictamen emitido por el Supremo representa un precedente único en el que la Inspección Fiscal debe valorar el alcance de la pérdida de condición de fiscal derivada de una sentencia con pena de inhabilitación dirigida exclusivamente al puesto de fiscal general del Estado, según reflejan fuentes consultadas por Europa Press.

El fallo y las resoluciones conexas han mantenido la atención pública durante varias semanas, dado que la revelación de secretos por parte de García Ortiz se refirió a documentos confidenciales relacionados con el entorno cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El caso ha puesto bajo la lupa los límites del secreto profesional, la responsabilidad de las figuras públicas en el manejo de información reservada y los mecanismos internos del Ministerio Fiscal para abordar situaciones de incompatibilidad o incumplimiento.

Como informó Europa Press, ahora la Inspección Fiscal deberá emitir un dictamen que determine si se autoriza o no el reingreso de García Ortiz al cuerpo de fiscales y, en caso negativo, los efectos que dicho pronunciamiento podría tener tanto en el futuro profesional del ex fiscal general como en la interpretación de la normativa interna de la carrera fiscal. La combinación de normativas, precedentes y valoración disciplinaria interna mantiene abierto el curso que podrá seguir el caso en los próximos días.