La UCO investiga si la trama de Leire Díez cobró mordidas por mediar en cinco contratos

El registro de la sede de Enusa por parte de agentes de la Guardia Civil marcó uno de los momentos recientes en la investigación sobre supuestos pagos ilícitos relacionados con la intervención en contratos públicos gestionados por sociedades dependientes del Estado. La operación, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional junto con la Fiscalía Anticorrupción, busca esclarecer si Leire Díez, exmilitante del PSOE, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso pactaron y se repartieron comisiones por mediar en diversas adjudicaciones, según informó EFECOM a partir de datos recogidos por la Cadena Ser y fuentes próximas a la investigación.

El punto de partida de esta causa se centra en al menos cinco contratos relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), englobando operaciones como el rescate millonario a la empresa Tubos Reunidos y la adjudicación de contratos públicos considerados irregulares. Según publicó EFECOM, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Díez, Fernández y Alonso el miércoles de la semana pasada, aunque los tres quedaron en libertad provisional bajo medidas restrictivas dos días después. El juez Antonio Piña estableció prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados, tal como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

La UCO centra sus pesquisas en determinar si los tres investigados recibieron un total de 750.000 euros en comisiones irregulares por facilitar el acceso o influir en cinco operaciones entre los años 2021 y 2023. Una de las operaciones más significativas bajo investigación es el rescate de la compañía Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros en ayudas y en la que, según la información adelantada por la Cadena Ser y confirmada por EFECOM a través de fuentes de las pesquisas, la red bajo sospecha habría percibido 114.950 euros en concepto de mordidas.

Otra actuación investigada es el contrato para el Parque Empresarial Principado de Asturias, concedido a la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri Afesa Medio Ambiente por un importe de 2,8 millones de euros. Las diligencias apuntan a que los implicados obtuvieron 400.000 euros en comisiones en esta operación, de acuerdo con las indagaciones recogidas por los medios mencionados.

El caso también abarca la concesión de una ayuda otorgada por la Sociedad Estatal de Promoción y Desarrollo Empresarial (SEPIDES) a la empresa Arapellet, subsidiaria de Forestalia, por 17,32 millones de euros. El expediente investigado incluye una supuesta comisión de 200.000 euros cobrada a raíz de esta ayuda. Dos operaciones complementarias de volumen menor están igualmente bajo el foco de la UCO, incluidos los movimientos financieros y la eventual existencia de favores ilegales o tráfico de influencias.

Una de las actuaciones cuestionadas involucra la adjudicación por parte de la empresa pública Mercasa de un contrato por 18.119,75 euros a la firma Servinabar, administrada por Antxon Alonso. Las fuentes policiales citadas por la Cadena Ser y recogidas por EFECOM indicaron que el exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, poseía participación indirecta en la empresa a través de un contrato cuya validez jurídica niega el propio exdirigente socialista.

Durante la comparecencia ante el juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, que instruye el sumario bajo secreto, Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar dada la reserva de las actuaciones, según informaron fuentes jurídicas a EFECOM. Vicente Fernández, por su parte, rechazó la existencia de cualquier irregularidad en la gestión de contratos públicos y negó los hechos imputados durante su declaración, tal como detalló el medio citado.

La investigación abarca igualmente la petición de información a diversos organismos estatales. La Guardia Civil acudió en fechas recientes a recopilar documentación de la SEPI, de la empresa pública de Correos y de otras entidades vinculadas a la gestión de fondos y contratos analizados. Los registros y tomas de datos buscan trazar el flujo de fondos y la eventual coordinación entre autoridades públicas y empresarios implicados.

El operativo se mantiene bajo secreto sumarial, según especificó EFECOM, lo que impide por ahora el acceso público al contenido completo de las diligencias y de las pruebas intervenidas. Los pasos dados por la UCO y los requerimientos judiciales forman parte de las medidas dirigidas a asegurar la investigación y prevenir posibles fugas o manipulaciones de la información relevante.

El proceso abierto por la Fiscalía Anticorrupción estudia tanto los posibles delitos de prevaricación, cohecho y malversación, como la existencia de una estructura coordinada de mediación y cobro de comisiones asociadas a contratos y ayudas gestionadas desde empresas de capital público. Según reflejaron las informaciones de la Cadena Ser y EFECOM, los hechos se contextualizan en la actividad de intermediación para el otorgamiento de recursos públicos, con especial atención a las operaciones llevadas a cabo en un periodo reciente comprendido entre los años 2021 y 2023.

Las diligencias judiciales y la investigación policial prosiguen, mientras las medidas cautelares impuestas buscan garantizar la asistencia de los investigados al proceso y evitar riesgos para la instrucción, informaron tanto la Cadena Ser como EFECOM.