
Arturo Villarroya, quien fuera vicepresidente de la asociación juvenil Revuelta y actualmente asesor de Vox en Bruselas, presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que señala la existencia de presuntas irregularidades financieras en el colectivo, un posible caso de estafa en el manejo de las donaciones y la percepción de cuotas de afiliación carentes de derechos asociados. Esta acción ha dado lugar a la apertura de una investigación formal sobre el destino y la transparencia de los fondos que la agrupación había recaudado con el propósito de asistir a damnificados por la DANA. Según informó Europa Press, la revisión judicial aborda las finanzas de la entidad, cuyo protagonismo ha crecido tras su participación en movilizaciones frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz.
De acuerdo con Europa Press, la investigación se inició tras recibir la Fiscalía la denuncia que interpuso Villarroya, después de que, según relata, solicitara a Revuelta la presentación de sus cuentas y documentación relevante, sin obtener respuesta. Ante la falta de transparencia y la negativa a proporcionar la información financiera requerida, Villarroya optó por abandonar la Junta Directiva y, posteriormente, trasladar su denuncia a las autoridades pertinentes. Europa Press detalló que esta queja se vio reforzada por la denuncia formalizada por Vox ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en la que señalan un posible desvío de fondos y manejo opaco dentro de Revuelta.
Vox, encabezado por Santiago Abascal, subrayó—según publicó Europa Press—que la presentación de la denuncia responde tanto a la negativa de los representantes de Revuelta, liderados por Jaime Hernández junto a Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, de facilitar documentación financiera como a la petición de garantizar una “transparencia absoluta”. Al no obtener colaboración de los responsables de la organización juvenil, Vox decidió poner en conocimiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante los hechos recogidos y presentar formalmente la queja.
Europa Press informó que la formación liderada por Abascal ha intentado distanciarse públicamente de la organización denunciada. Vox manifestó que Revuelta "no forma parte de Vox" y encuadró la disputa como "vicisitudes internas" del propio colectivo. En declaraciones recogidas por Europa Press, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, expresó: “Las personas que están allí sabrán lo que tendrán que hacer”, evitando entrar a valorar las acusaciones en profundidad.
Por su parte, Revuelta rechazó cualquier vínculo con el supuesto desvío de fondos o irregularidades financieras. La entidad calificó todas las imputaciones como infundadas, se definió como un “movimiento limpio y transparente”, y manifestó su disposición a aportar las pruebas necesarias para disipar cualquier sombra de duda acerca del uso y destino de las donaciones. El colectivo sostuvo que no existe fraude ni práctica indebida en la gestión de sus recursos, postura que comunicaron en respuesta a la denuncia y la cobertura de los hechos en medios de comunicación.
El panorama descrito por Europa Press muestra que el conflicto ha impactado tanto a miembros actuales como a antiguos integrantes de Revuelta, colectivo juvenil que ha ganado notoriedad mediática en las últimas semanas por su implicación en protestas relacionadas con la polémica sobre la ley de amnistía. Tanto la Fiscalía como la Autoridad Independiente de Protección del Informante continúan con la investigación abierta para esclarecer el destino de las donaciones recolectadas, que estaban destinadas a personas afectadas por las consecuencias de la DANA. La situación interna de Revuelta, según reportó Europa Press, se ha visto afectada por tensiones surgidas a raíz de la gestión financiera y la falta de información transparente para el conjunto de sus miembros.
Mientras el procedimiento legal sigue en marcha y se espera conocer si las pruebas aportadas derivan en responsabilidades penales o administrativas, el caso pone de manifiesto el debate en torno a los mecanismos de control y fiscalización de entidades juveniles que tienen relación con partidos políticos, como es el caso de la vinculación entre ciertos miembros de Revuelta y Vox, aunque este último haya insistido públicamente en la independencia entre ambas organizaciones.
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