Nogueras dice no saber si tienen razón los jueces o el exfiscal general, tras la sentencia: "es un problema profundo"

El desconcierto ante la reciente sentencia que afecta a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, quedó evidenciado durante la entrevista concedida por Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, al canal Cuatro. Nogueras reconoció abiertamente no saber si los argumentos presentados por los jueces del Tribunal Supremo o los de García Ortiz resultaban más creíbles, estableciendo que esta incertidumbre había alcanzado un nivel que consideró preocupante para la salud institucional del país. Según consignó el medio Cuatro, la portavoz vinculó esa indefinición no solo al caso particular, sino al funcionamiento global del sistema judicial y a los fundamentos democráticos en España.

Durante el diálogo transmitido por Cuatro, la diputada de Junts abordó la condena a dos años de inhabilitación impuesta a García Ortiz, que se originó por la difusión de una nota de prensa relacionada con la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nogueras manifestó sentirse incapaz de determinar a quién creer en este tipo de situaciones, subrayando que esta sensación afecta a amplios sectores de la ciudadanía. El medio detalló que, para la portavoz, esa duda persistente frente a las versiones contradictorias de los actores institucionales refleja “una crisis de confianza estructural”.

La representante parlamentaria señaló, según publicó Cuatro, que el problema radica en la dificultad para establecer si la posición de los magistrados o la del exfiscal cuenta con una base más sólida, alertando sobre el riesgo que implica para la percepción de imparcialidad del poder judicial. Esta situación, hiló Nogueras, se agrava en un contexto donde “la politización de la justicia y la judicialización de la política española” han desdibujado las fronteras tradicionales entre ambos poderes del Estado. De acuerdo con la información difundida por Cuatro, la portavoz relacionó este fenómeno con la desconfianza ciudadana, que ya no se centra solo en las resoluciones particulares, sino que alcanza al sistema judicial en su totalidad.

Nogueras planteó que esta desconfianza se alimenta por la tendencia a sospechar de cualquier comunicación o dictamen surgido de los órganos judiciales más altos. “Si es cierto lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, es muy grave, pero si no lo es también es muy grave”, expresó la dirigenta de Junts, según reportó Cuatro. Esta declaración buscó ejemplificar un escenario donde tanto la validez de la sentencia como su eventual error resultan perjudiciales para la confianza institucional.

El medio Cuatro extendió la información sobre el análisis de Nogueras al impacto más amplio de esta crisis de credibilidad. Para la portavoz, la dimensión del problema excede el caso individual y constituye una amenaza para el funcionamiento democrático, en tanto la justicia cumple un papel clave en la protección de los derechos y en la resolución de los conflictos sociales. Nogueras insistió en la entrevista en que la sociedad española enfrenta una etapa de desafección hacia sus instituciones judiciales, lo que podría comprometer la estabilidad de los principios democráticos.

En su cobertura, Cuatro apuntó que el detonante inmediato de las afirmaciones de Nogueras fue la sentencia que sanciona al exfiscal general García Ortiz, cuyo caso ha reavivado el debate sobre los límites de la transparencia institucional, el correcto manejo de la información sensible y la repercusión de los procedimientos judiciales en contextos con altos componentes políticos. Según el medio, la intervención de la portavoz ha estimulado la discusión sobre la independencia de la justicia y su relación con el poder político, llevando la cuestión al centro del debate nacional.

A lo largo de su intervención, Nogueras reiteró la necesidad de analizar y revisar el vínculo entre el ámbito político y el judicial, con el propósito de garantizar la confianza ciudadana y la integridad de las decisiones emitidas por los tribunales. Según recogió Cuatro, este llamado pone de manifiesto la urgencia de efectuar reformas que fortalezcan la percepción de imparcialidad y legitimidad en las instituciones decisorias del Estado.

La repercusión mediática de este caso, reportada por Cuatro, también ha generado respuestas en distintos sectores políticos y judiciales, que ahora enfrentan interrogantes sobre la capacidad del sistema para sostener su legitimidad ante un público cada vez más escéptico. El debate, animado por la sentencia y la reacción de Junts, se ha transformado en un cuestionamiento ampliado sobre la relación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones institucionales dentro del Estado español.