Más Madrid pedirá a Fiscalía investigar la gestión del Hospital de Torrejón y dice que Sanidad también denunciará

La diputada Tesh Sidi de Más Madrid enfatizó la necesidad de que el Gobierno regional aporte al Congreso un informe detallado sobre el uso de fondos públicos entregados al grupo Ribera Salud, en el marco de la gestión del Hospital de Torrejón, según publicó el medio original. Este planteamiento surge, argumenta Sidi, por la transparencia exigida en los modelos sanitarios sujetados a externalización, al advertir que la auditoría sobre el funcionamiento del hospital dependerá de una empresa privada, lo que, desde su perspectiva, constituye un circuito cerrado de control sin fiscalización externa adecuada. De acuerdo con el mismo medio, Sidi anunció que Más Madrid solicitará a la Fiscalía que abra una investigación sobre posibles delitos relacionados tanto con lesiones sufridas por pacientes como con las decisiones adoptadas durante la gestión del centro. La noticia se acompaña de la confirmación, por parte de la diputada, de que el Ministerio de Sanidad también prepara una denuncia ante el Ministerio Público sobre el caso.

El medio consignó como hecho relevante la existencia de grabaciones atribuidas a Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, donde supuestamente se impartieron instrucciones orientadas a priorizar tanto a pacientes como a pruebas diagnósticas que resultasen menos costosas, una directriz que incrementaría la rentabilidad económica para la concesionaria. Según Sidi, estas pautas podrían suponer delitos contra la salud pública y activar la responsabilidad penal y administrativa de la empresa y de los entes autonómicos involucrados. Durante la rueda de prensa que presidió, Sidi vinculó el modelo de gestión del hospital de Torrejón a políticas impulsadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, advirtiendo que se continuaba una línea iniciada por gobiernos anteriores donde, según su visión, la falta de transparencia y la rotación de cargos entre sectores públicos y privados terminan generando espacios de opacidad.

Según detalló el medio, Sidi sostuvo que no solo podrían existir irregularidades administrativas en la gestión externalizada del hospital madrileño, sino que el modelo podría conllevar prácticas delictivas insertas en la actividad sanitaria de la región. Relató también que el seguimiento de los contratos entre la administración y empresas sanitarias puede dar lugar a relaciones personales próximas a figuras del entorno de Díaz Ayuso, citando específicamente al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. A esta situación, la diputada de Más Madrid añadió la solicitud para que se constituya una subcomisión parlamentaria en el Congreso que analice en profundidad el impacto de los modelos de externalización sobre la calidad asistencial en la sanidad pública, con el objetivo de que la investigación incluya no solo el caso madrileño sino también otros hospitales y regiones donde concesionarias, como Quirón y Ribera Salud, gestionan fondos públicos.

El medio originario informó que, de aprobarse esta iniciativa parlamentaria, se evaluará cómo la gestión de fondos públicos por parte de adjudicatarias sanitarias ha afectado la atención brindada a pacientes, examinando especialmente ejemplos relevantes como el hospital de Torrejón y centros concesionados en otras comunidades. Sidi argumentó ante la prensa la necesidad de esclarecer lo que denominó “economía circular viciada” en la Comunidad de Madrid, caracterizada por un sistema donde las empresas privadas controlan tanto la provisión del servicio como su propia supervisión, una estructura que, a su juicio, impide la rendición de cuentas real. Insistió en que la solicitud de informes es un paso hacia la transparencia del modelo privatizado ante los representantes públicos, explicitando la dinámica en la gestión de la sanidad externalizada.

Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar en la Cámara Baja, calificó ante el Congreso como preocupante la situación en el Hospital de Torrejón, resaltando el peligro de que la priorización de cuestiones económicas llegue a incrementar las listas de espera y a provocar un coste mayor para el sistema público a largo plazo, según recogió el medio. Vidal describió los audios publicados como alarmantes por mostrar un plan que presuntamente relega los protocolos médicos y subordina la salud a criterios puramente financieros. En sus declaraciones, exigió la desprivatización del sistema sanitario, a la que calificó como una urgencia a escala nacional, mostrando además su rechazo a las prácticas de manipulación de la gestión de listas de espera y los retrasos asistenciales.

De acuerdo con la cobertura original, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y miembro del grupo Sumar, manifestó que para su formación no resultan sorpresivas ni las grabaciones atribuidas a la dirección de Ribera Salud ni la defensa del modelo por parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso. Ibáñez defendió que revertir la privatización de hospitales debería figurar entre las prioridades del Gobierno central, subrayando que en la Comunidad Valenciana, durante la administración del ‘Botànic’, se impulsó este regreso al control público. El diputado asoció la decisión a un contexto de presión mediática y judicial dirigido contra la exvicepresidenta Mónica Oltra, y denunció que con la vuelta del Partido Popular al gobierno autonómico, una de las primeras medidas consistió en frenar la reversión de hospitales a la gestión pública. En palabras de Ibáñez, "el PP mata, no solo por la dana, sino por su gestión en la que prioriza los beneficios de las multinacionales a la vida de la gente", frase recogida por el medio de comunicación citado.

De esta forma, las formaciones de la oposición se han enfocado en exigir información clara sobre el uso de fondos públicos en el modelo de sanidad externalizada, investigando la existencia de posibles delitos en la gestión empresarial y defendiendo la recuperación del control público de hospitales considerados estratégicos. Según el medio de referencia, las denuncias ante la Fiscalía y la propuesta de nuevas comisiones parlamentarias pretenden examinar el alcance de las políticas adoptadas en la Comunidad de Madrid, con especial atención a la actuación de empresas concesionarias de gran tamaño como Quirón y Ribera Salud. El análisis de estos procesos pondría en revisión la ejecución de los contratos sanitarios externalizados, el impacto de la rentabilidad empresarial frente a la atención clínica y el grado de responsabilidad de los actores políticos y privados en la prestación de los servicios públicos de salud.