El Congreso de Perú aprueba ampliar el registro de mineros informales por un año

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó tras la sesión que esta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) aún debe pasar por una segunda votación, a cargo de la Comisión Permanente, ya que la Legislatura concluye este viernes. Este requisito surge debido al proceso legislativo y al calendario del Congreso, de acuerdo con lo reportado por EFECOM. La decisión de extender el proceso de inscripción de mineros informales se adoptó después de un intenso debate parlamentario y en un contexto de movilizaciones en distintas zonas del país.

Según detalló EFECOM, la medida fue aprobada en el pleno del Congreso con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, luego de modificar la propuesta inicial, que sugería ampliar por dos años la inscripción al Reinfo. El texto final acordado fija la prórroga en doce meses. Estas deliberaciones se desarrollaron tras un cuarto intermedio, solicitado debido a la falta de consenso entre los distintos grupos parlamentarios en torno a las condiciones y el alcance de la ampliación.

Durante la discusión legislativa, se rechazaron dos propuestas: permitir el ingreso de nuevos mineros que no hayan iniciado el proceso de regularización y suspender la exclusión de quienes se encuentran bajo investigaciones o denuncias por actividades en áreas protegidas, ríos o sitios arqueológicos. Esto fue resultado de directrices marcadas por el Poder Ejecutivo. El primer ministro, Ernesto Álvarez, había informado que el Gobierno estableció dos puntos inflexibles: postergar hasta por un máximo de un año la vigencia del proceso de regularización para evitar que se use como excusa para mantener actividades ilegales y negar la reintegración de aproximadamente 50.000 mineros previamente excluidos.

Álvarez sostuvo, según consignó EFECOM, que el Ejecutivo insistió en estos criterios a través de un oficio dirigido al Congreso, con el objetivo de impedir cambios que contradijeran la posición gubernamental. Señaló que el Gobierno de transición encabezado por José Jerí mantuvo una coordinación con el Parlamento y aclaró que, en caso de aprobarse un dictamen divergente, el Ejecutivo presentaría observaciones, lo que impediría la entrada en vigor de la norma, considerando la inminente conclusión de la legislatura.

El medio EFECOM reportó que, mientras el Congreso debatía la medida, cientos de mineros informales se manifestaron en distintas localidades del sur del Perú y también en el centro histórico de Lima, para demandar la aprobación de la norma que permita la continuación del proceso de formalización y su permanencia en la actividad minera bajo el marco regulatorio. Estas protestas reflejaron las tensiones presentes entre los distintos actores involucrados en el proceso.

En 2024, el Parlamento había otorgado ya una prórroga de un año al Reinfo. No obstante, durante ese periodo, no se alcanzó un acuerdo en comisiones para la aprobación de una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (conocida como Ley MAPE), una iniciativa planteada por el Ejecutivo bajo el gobierno de Dina Boluarte. El estancamiento de esta legislación evidenció las dificultades para establecer un marco regulatorio estable para el sector, según destacó el seguimiento que realizó EFECOM.

En noviembre, cuando se discutía en comisiones la ampliación del Reinfo, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, expresó su preocupación afirmando que la medida no representaba “una buena noticia”. De acuerdo con declaraciones recogidas por EFECOM, Zapata sostuvo que “a pesar de las continuas extensiones, la formalización ha sido poca, pero ha continuado la explotación de las personas y la generación de la violencia”. Estas palabras reflejaron los cuestionamientos de parte del sector privado por los efectos sociales y económicos de la minería informal y las dificultades para lograr una incorporación efectiva de estos actores a la legalidad.

Todas estas decisiones y posturas muestran la complejidad en torno a la formalización minera en el Perú. La ampliación aprobada por el Congreso responde a una demanda de sectores mineros informales, pero también sigue marcada por requisitos impuestos por el Ejecutivo y por las limitaciones que implica la exclusión de mineros investigados o previamente apartados de procesos de regularización. EFECOM destacó que el proceso de concertación sobre la reforma del sector minero aún enfrenta fuertes desacuerdos parlamentarios e incertidumbre sobre la efectiva formalización y el impacto social de estas medidas.