El TS pide a Acciona información obtenida en el registro por el 'caso Koldo' que no puede ver por problemas técnicos

La imposibilidad de descarga y acceso al material informático incautado durante los registros a Acciona, debido a problemas técnicos, ha impulsado nuevas acciones judiciales en el marco del denominado 'caso Koldo'. El instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dirigido un requerimiento formal a la empresa para que, utilizando sus propios sistemas, transfiera la totalidad de la información almacenada tras el registro en una carpeta de red específica, con la excepción de los datos vinculados a una persona ajena al procedimiento. Esta solicitud tiene como objetivo entregar ese material a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para continuar con las pesquisas sobre presuntos amaños en licitaciones de obra pública.

Según consignó Europa Press, el juez Puente ordenó el 13 de noviembre el registro de la sede de Acciona en Madrid. La finalidad era la retención de efectos electrónicos y dispositivos informáticos pertenecientes a los directivos Tomás Olarte y Manuel García Alconchel, así como la descarga de comunicaciones privadas relacionadas con los mismos, lo que abarcaba sus teléfonos y ordenadores. El día siguiente, la UCO realizó el registro y, respecto a los archivos ofimáticos y correos electrónicos de los señalados, junto a otros archivos alojados en servidores, se resolvió que la recopilación se hiciera técnicamente desde la propia Acciona. La información quedó reunida en una carpeta independiente denominada ‘Viernes 14’.

No obstante, detalló Europa Press que los investigadores no lograron acceder ni descargar los contenidos de esa carpeta durante los intentos posteriores, debido a dificultades técnicas no especificadas. Pese a confirmar la presencia de información relevante de los directivos mencionados y de una tercera persona no implicada en la investigación, la UCO requirió que se facilite toda la información, salvo la correspondiente al tercero, en un disco duro que debe ser entregado sin demoras para continuar la investigación en curso sobre el denominado 'caso Koldo’.

Esta instrucción judicial coincide con la citación como investigados de varios exdirectivos de Acciona. Justo Vicente Pelegrini, quien se desempeñó como director de Construcción para España hasta el 16 de junio, se encuentra en el foco de las indagaciones tras la cancelación de su cargo y la ruptura de contratos con la empresa Servinabar, mencionada recurrentemente como núcleo de la supuesta trama de adjudicación irregular de obras públicas. De acuerdo con Europa Press, esa desvinculación siguió a la divulgación de un informe de la UCO que situaba a varias adjudicaciones a la UTE integrada por Acciona y Servinabar bajo la lupa de la investigación.

El directivo Tomás Olarte, suspendido de sus funciones desde el 18 de noviembre después de que circulase otro informe centrado en las conexiones empresariales y personales entre directivos de Acciona, Servinabar y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también debe comparecer ante el juez. Manuel José García Alconchel, director de zona sur, ha visto postergada su declaración hasta el 15 de diciembre, según informó Europa Press.

Los informes de la UCO revelan que Santos Cerdán poseía el 45% de la propiedad de Servinabar, junto con Antxon Alonso, calificado de “amigo” y también socio principal. Un tercer socio, Jon Aritz Santamaría, mantenía el 4% de la sociedad. La relación mercantil entre Servinabar y Acciona habría surgido en 2015, tras la constitución de la primera empresa y en el contexto del proyecto ‘Mina Muga’, ubicado en Navarra.

El acuerdo inicial entre ambas sociedades se formalizó pocos días después del nacimiento de Servinabar; contemplaba la suscripción de un marco de colaboración para la búsqueda de futuras oportunidades de negocio, con una comisión del 2% para Servinabar por cada contrato conseguido. Pelegrini firmó el acuerdo por parte de Acciona, mientras Alonso lo suscribió en nombre de Servinabar, según datos recabados por la UCO y publicados por Europa Press. La colaboración entre las empresas, de acuerdo con los informes policiales, se canalizó principalmente a través de Pelegrini, Alonso, Cerdán, Olarte y García Alconchel.

Europa Press recogió asimismo el posicionamiento de Acciona Construcción, que rechazó haber abonado comisiones a ninguna de las personas bajo investigación en este procedimiento judicial. La empresa manifestó su disposición a ejercer acciones legales si las investigaciones concluyen que ha sufrido algún daño directo como consecuencia de los hechos investigados o por actos cometidos por personas implicadas en la causa.