El paquete de información entregado incluye un cuadro comparativo sobre el personal de apoyo que han tenido las esposas de presidentes anteriores, resultado de una solicitud expresa realizada por el tribunal para establecer un marco de referencia. La documentación relacionada especifica que fueron detallados los nombres de los asesores destinados a las cónyuges de Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González, precisando que no fue posible incluir datos de colaboradores para las parejas de Adolfo Suárez o Leopoldo Calvo Sotelo. Estos registros buscan contextualizar las labores de apoyo institucional brindadas a las primeras damas a lo largo de diferentes mandatos. Según informó Europa Press, este enfoque retrospectivo permite comparar la actual estructura de personal de Presidencia dedicada a la esposa del presidente con la de etapas políticas previas, ofreciendo parámetros objetivos para la investigación judicial en marcha.
La documentación remitida por Presidencia al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contiene también un reporte pormenorizado sobre la evolución de las nóminas de Cristina Álvarez, asesora asignada a Begoña Gómez, desde julio de 2018 hasta noviembre de 2023. De acuerdo con Europa Press, estos datos salariales se suman a informes sobre funciones desarrolladas por Álvarez en ese periodo, con especial atención a su encuadre como personal eventual de confianza dependiente directamente del titular de la Presidencia. La propia información oficial trasladada al tribunal aclara que estos cargos no cuentan con personal a su cargo ni detentan funciones de jerarquía sobre otros empleados públicos, lo cual fue recalcado por Presidencia ante las preguntas del juez. El medio Europa Press señala que la relación laboral de Álvarez y su actividad formaron parte del núcleo de la investigación, ya que la instrucción busca determinar si, durante su tiempo como asesora, realizó funciones ligadas a actividades privadas de Begoña Gómez, especialmente en lo referente a su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid.
En la información presentada al juzgado también se incluyeron los calendarios electrónicos de ambas protagonistas, extraídos de los registros institucionales de la Presidencia. Según detalló Europa Press, los ficheros relativos a Begoña Gómez se asociaron a su cuenta oficial, mientras que en el caso de Cristina Álvarez se proporcionaron archivos provenientes de dos direcciones, debido a que una dejó de estar operativa tras recibir gran cantidad de mensajes ofensivos. La extracción de los datos se realizó el 26 de noviembre, limitando el acceso exclusivamente a los calendarios, sin realizar búsquedas o análisis de otros correos electrónicos. Este material, que se entregó en soporte USB a requerimiento judicial, forma parte del informe investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Europa Press consignó que la investigación se centra en el posible uso irregular de recursos públicos, más específicamente en la contratación y funciones de Cristina Álvarez como asesora, para dirimir si se produjeron desvíos de fondos en beneficio del entorno inmediato de la esposa del presidente del Gobierno. Una de las principales líneas de trabajo apunta a esclarecer la naturaleza real de las tareas asignadas a Álvarez y su impacto en actividades privadas o institucionales relacionadas con Begoña Gómez. Dentro de este marco, la UCO procederá a peritar tanto los procedimientos de contratación como el destino de los fondos empleados en desplazamientos y gastos asociados.
Respecto a los viajes de Begoña Gómez junto a su asesora, la documentación trasladada al juzgado identifica dos desplazamientos costeados con recursos públicos en el periodo comprendido entre abril de 2022 y septiembre de 2023, ambos organizados a través de la agencia Viajes El Corte Inglés y gestionados por el antiguo Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes. El primero de estos viajes se realizó el 27 de abril de 2022 a Segovia, en relación con la preparación del programa dirigido a acompañantes de la Cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en junio de ese año. El segundo desplazamiento corresponde al trayecto Madrid-Granada, el 6 de septiembre de 2023, vinculado a la organización de un encuentro informal de la Comunidad Política Europea previsto para octubre. Según publicó Europa Press, en ambos casos se presentaron al tribunal las facturas detalladas de los billetes de tren y avión, tal como había solicitado el juez Juan Carlos Peinado.
La Presidencia del Gobierno comunicó expresamente al juzgado, según recoge Europa Press, que Cristina Álvarez no dispone de vehículo oficial ni cuenta con personal dependiente o asignado, en tanto que no figura en los listados oficiales de cargos públicos con derecho a recursos del parque móvil del Estado. Este dato refuerza la posición institucional de que su función se limita a tareas propias de apoyo eventual, sin estructura de mando o administración sobre otros trabajadores estatales.
Dentro del proceso judicial abierto, las pesquisas también abarcan a Begoña Gómez, quien figura como investigada en causas relativas a posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, uso indebido de marca, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos. El material incorporado al expediente judicial será sometido a análisis técnico y pericial por parte de la UCO, cuyo objetivo es determinar el alcance real de los desplazamientos, la contratación de personal y la correspondencia entre los recursos empleados y sus finalidades institucionales.
La relación de asesores destinada a las parejas de anteriores presidentes forma parte de la perspectiva histórico-comparativa solicitada por el tribunal, con el fin de contextualizar las prácticas administrativas vigentes y contribuir a la valoración de la legalidad y regularidad de las actuaciones hoy sometidas a revisión. Toda esta información objetiva configura el marco de análisis que la UCO examinará para establecer si existieron irregularidades administrativas o penales, guiando los siguientes pasos procesales de acuerdo con las conclusiones que deriven de los informes periciales. Europa Press señaló que este procedimiento podría abrir la puerta a comparaciones con periodos previos y ayudar a delimitar posibles responsabilidades derivadas del uso de fondos públicos en el entorno de la esposa del actual presidente del Gobierno.
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