Perelló: La "legítima discrepancia" con decisiones judiciales debe respetar la "función constitucional" de los jueces

La responsable del órgano de gobierno de la judicatura remarcó la importancia de la crítica argumentada y recordando el valor de la imparcialidad en el ámbito judicial, subrayó el papel fundamental de la magistratura en la democracia y la tutela de los derechos ciudadanos

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Durante el acto de entrega de la VIII edición de los premios 'Confilegal', Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), citó un artículo del profesor de la Universidad de Oxford Timothy Garton acerca de la defensa de las democracias ante los populismos, señalando la "necesidad vital" de garantizar un poder judicial independiente en favor de la democracia liberal. A partir de esta reflexión, Perelló subrayó que la "legítima discrepancia" respecto de decisiones judiciales debe mantenerse siempre dentro del respeto a la "función constitucional" de los jueces. Según destacó el medio Confilegal, la presidenta enfatizó en su intervención la importancia de que cualquier crítica a la labor de los jueces esté argumentada y contribuya al perfeccionamiento del sistema judicial sin menoscabar su papel en el Estado de derecho.

En opinión de Perelló, tal como publicó Confilegal, la naturaleza independiente del Poder Judicial resulta indispensable para la existencia misma del Estado de derecho, argumento que la llevó a recordar que esa independencia no constituye un privilegio para los jueces, sino una condición necesaria establecida en la Constitución para garantizar los derechos y la igualdad ciudadana ante la ley. Explicó que la crítica argumentada y el escrutinio público sobre las decisiones judiciales no solo resultan legítimos, sino también positivo, pues "la crítica razonada contribuye a perfeccionar el sistema y, lejos de debilitarlo, lo fortalece".

El medio Confilegal detalló que la postura de Perelló aludió a recientes episodios de debate institucional: desde el Gobierno, se manifestó que aunque respetan la sentencia dictada contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no comparten su contenido. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó que el Ejecutivo tiene el deber legal de acatar la sentencia y también el deber moral de expresar su desacuerdo. Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz, representante de Sumar, acusó al Tribunal Supremo de actuar políticamente contra el "Gobierno progresista". Frente a estas posturas, Perelló reafirmó que el ejercicio de la crítica a las resoluciones judiciales requiere respeto hacia la función que desempeñan los jueces.

Según consignó Confilegal, la presidenta del CGPJ subrayó tres pilares esenciales en toda democracia: la salvaguarda constitucional, la lealtad a las instituciones y el reconocimiento de la discrepancia dentro de comportamientos constructivos. En este sentido, afirmó el permanente compromiso del Poder Judicial con estos valores, guiado por los principios de la Constitución, que asegura su independencia al momento de resolver conflictos.

En relación al trabajo diario de los jueces, Perelló explicó que la complejidad de su labor exige estudio, reflexión, serenidad y prudencia, elementos imprescindibles para emitir resoluciones motivadas y razonadas. Recalcó además que estos procesos requieren plazos adecuados para garantizar una justicia fundada sobre motivaciones claras y fundamentadas.

El medio Confilegal reportó que la presidenta del Tribunal Supremo describió al Poder Judicial como un "servicio público". Resaltó que los integrantes de la judicatura son "mujeres y hombres comprometidos con la sociedad", con una fuerte vocación de servicio y un profundo sentido del deber. Perelló expuso que la función judicial exige conocimiento especializado, templanza para evaluar cada caso y equidad para que la legislación sea aplicada del modo más ajustado posible.

Durante su discurso, Perelló defendió que solo un sistema judicial independiente puede mantener la democracia representativa y el imperio de la ley. Rechazó cualquier concesión ante tendencias que busquen debilitar la autonomía de la justicia, al insistir en que la democracia se fundamenta en el respeto irrestricto a la Constitución y la legislación vigente. Según destacó la propia presidenta, "sin jueces independientes no hay Estado de derecho ni democracia representativa".

La presidenta del CGPJ concluyó que la confianza depositada por la ciudadanía en el Poder Judicial tiene como base su independencia y profesionalidad, que permiten garantizar el cumplimiento de la ley y la protección efectiva de los derechos. Al vincular el quehacer judicial con el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, Perelló sostuvo que el trabajo conjunto entre jueces, ciudadanos y el resto de instituciones contribuye a fortalecer el Estado democrático y social de derecho.

En su referencia al artículo académico de Timothy Garton, Perelló apuntó a la relevancia de un poder judicial fuerte e imparcial frente a contextos en los que fuerzas populistas intentan socavar la democracia. Según relató Confilegal, la presidenta insistió en que el sometimiento de los jueces a la Constitución y la ley, lejos de limitar su independencia, la refuerza y justifica su papel como garantes de los derechos democráticos.

La posición defendida por Perelló y recogida por el medio Confilegal se enmarca en la defensa de la imparcialidad judicial y la vigilancia constructiva sobre las actuaciones del poder, reforzando la función de tutela que corresponde a los jueces en la sociedad y enfatizando la independencia del Poder Judicial como requisito para el funcionamiento pleno del sistema democrático.