La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) ha anunciado que formalizará una querella por injurias graves contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tras no presentarse este jueves al acto de conciliación a raíz de sus declaraciones el pasado julio en Torre Pacheco (Murcia), en el contexto de los incidentes racistas tras las agresión a un vecino de esta localidad.
En concreto, la dirigente de Podemos acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de contar con una "infiltración de ideología neofascista" y de promover un "terrorismo nazi de extrema derecha"
Además, Belarra difundió un mensaje en la red social 'X' el 21 de julio en el que acusó a la Policía Nacional de realizar "redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país", aludiendo a la existencia de un supuesto "racismo institucional" en el cuerpo.
En un comunicado, Jucil ha explicado que el objetivo de la conciliación era ofrecer a la diputada Belarra la oportunidad de retractarse públicamente de unas afirmaciones que, según la asociación, "constituyen una descalificación grave y generalizada contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a la Guardia Civil".
"Ella ha decidido no comparecer, demostrando una nula intención de reparar el daño", ha lamentado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, en declaraciones remitidas a Europa Press.
En este sentido, ha reiterado la exigencia a todos los representantes públicos para que actúen con la "máxima responsabilidad institucional, evitando el uso de acusaciones infundadas que dañan la imagen y la confianza pública en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
El pasado 27 de octubre, el sindicato 'hermano' de esta asociación en la Policía Nacional, Justicia Policial (Jupol), también anunció una querella contra Ione Belarra por los mismos motivos y después de que la dirigente de Podemos tampoco se presentara al acto de conciliación en los juzgados madrileños.
Jupol reclamaba a Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, disculpas públicas, la eliminación del tuit del 21 de julio y su sustitución por un mensaje de disculpa, "así como una indemnización de 30.000 euros por los daños causados a la imagen y el honor de la Policía Nacional".
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