El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Villarejo' ha reclamado al perito propuesto por el expresidente de Sacyr Luis del Rivero que presente un informe pericial pendiente en la causa por el presunto espionaje en su contra por parte de BBVA a través del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Lo hace en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que da un mes de margen para que se presente el informe.
"Ha transcurrido sobradamente el plazo que se estimó razonable para la aportación de la pericial, sin que conste en las actuaciones comunicación de ninguna clase que permita valorar siquiera la justificación o no del retraso", avisa.
Por ello, el magistrado requiere al perito propuesto por Del Rivero para que presente el informe pericial "en un plazo de 30 días hábiles".
Y advierte de que, en caso de no aportarse "puntualmente" la pericial, se tendrá por "desistida". "Todo ello en aras de velar por el derecho de los intervinientes en las actuaciones a un procedimiento sin dilaciones indebidas", resalta.
LA CAUSA, A UN PASO DE JUICIO
Tras investigar en esta pieza los encargos que BBVA habría hecho a CENYT --grupo empresarial de Villarejo-- entre 2004 y 2017, y por los que se habría embolsado más de 10 millones de euros, el anterior juez instructor, Manuel García Castellón, propuso hace un año juzgar al comisario jubilado, al expresidente del banco Francisco González, a la entidad y excargos por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para la compañía cuando estaba en activo.
Uno de esos encargos habría sido el presunto espionaje a Del Rivero para frenar el intento de Sacyr de adquirir una participación significativa en el BBVA y que habría incluido control de comunicaciones, seguimientos e incluso infiltraciones en la seguridad.
"Haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía", Villarejo "aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías", según un escrito de la Fiscalía.
Eso permitía a Villarejo, "entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso", añadía.
Y sobre el que fuera presidente del banco, el fiscal señalaba que ante "la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad", González "autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo".
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