El juez de la AN interroga hoy a cinco exjefes de ETA por el asesinato del concejal del PP Pedrosa Urquiza

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha citado para el lunes a cinco exdirigentes de ETA como investigados por su presunta responsabilidad en el asesinato el 4 de junio del 2000 del concejal de PP en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza.

De Jorge prevé interrogar por videoconferencia a Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Juan Antonio Olarra, 'Juanvi'; Asier Oyarzabal, 'Baltza', y Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'.

Para el martes estaban previstas las declaraciones de otros cinco investigados: Ainhoa Múgica, alias 'Olga'; Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, 'Willy'; Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', pero han sido suspendidas, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

El predecesor de De Jorge en el Juzgado Central de Instrucción Número 1, el juez Alejandro Abascal, acordó investigarlos por un delito de asesinato en conexidad con un delito consumado de coacciones y amenazas terroristas.

Lo hizo al admitir a trámite una querella de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que explicaba que Pedrosa fue "una de las numerosas víctimas" de la "política de expulsiones forzadas del País Vasco dirigida por la zuba --el máximo órgano de dirección de ETA-- bajo amenaza de muerte".

Haciendo suya la querella de DyJ, Abascal explicaba que a lo largo de los años los comités ejecutivos de ETA dirigieron la política de expulsiones forzadas de distintos sectores de la población vasca no nacionalista, mediante coacciones y amenazas que progresivamente se iban ampliando e individualizando sobre los ciudadanos que ejercían resistencia cívica democrática ante la banda.

Fue en ese contexto cuando la organización terminó con la vida de Pedrosa Urquiza en la localidad de Durango, cuando regresaba caminando a su domicilio. Un miembro de ETA se le acercó por detrás y le disparó en la nuca, causándole la muerte de forma casi instantánea. Un segundo terrorista, también sin identificar, recogió en un vehículo al autor del atentado y ambos se dieron a la fuga.

NO ES SOLO UN ASESINATO

Para el magistrado, el asesinato de Pedrosa no sólo era un asesinato terrorista, sino "además una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011, y con eso no solo se acaba con la vida de la concreta persona, sino que se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo".

En su auto, recogido por Europa Press, Abascal explicaba que, desde principios de los años 80, ETA dispuso de una jerarquía en la que su cúpula o comité ejecutivo asumía todas las funciones directivas y que las tomas de decisiones para llevar a cabo una acción terrorista, aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo, se difundían a todos los militantes.

"El comité ejecutivo decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado", indicaba.

A este respecto, el instructor exponía que las amenazas que recibió el concejal antes de su muerte y su posterior ejecución "evidencian el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó en el ZUZEN 79 (contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria)".

EXPULSIÓN DE MÁS DE 60.000 PERSONAS

Dignidad y Justicia presentó una querella ante la AN para pedir que investigase no solo el asesinato, uno de los crímenes de ETA que siguen sin resolver, sino también las presuntas coacciones y amenazas terroristas contra Pedrosa Urquiza como parte de "la más amplia política de expulsión forzada de entre 60.000 y 200.000" personas del País Vasco.

En la misma, la asociación aseguraba que el "intento de expulsión forzada" se insertaba en "una larga y muy extensa política que zuba a zuba habían venido perpetuando desde finales del año 77" y que ello fue "determinante" en el asesinato del concejal.

En este sentido, DyJ defendía que el miembro del PP fue "asesinado selectivamente" ante su "singular resistencia cívica y heroica de huir de Durango", siendo su muerte consecuencia "directa" de su resistencia ante dicha política de expulsión y pasó a ser un "monstruoso crimen instrumental, ejemplificante, lenitivo, para otros a los que se les pudiera ocurrir resistirse".

DyJ se amparaba en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que contempla la "autoría mediata por dominio de los aparatos organizados de poder", para reclamar a la Audiencia Nacional que admitiese su petición e investigase el asesinato del concejal 'popular'.