Málaga, 15 sep (EFECOM).- La patronal andaluza de viviendas turísticas (AVVAPRO) ha denunciado este lunes que el anuncio del Gobierno de revocar 53.000 pisos de este tipo "constituye un ataque directo a la seguridad jurídica, la economía y las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía".
"Lejos de la realidad, estas viviendas no han perdido su licencia turística autonómica, y la mayoría cuenta con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y lleva años operando bajo la normativa autonómica vigente", ha asegurado la asociación en un comunicado.
Ha precisado que "lo que ha ocurrido es que, debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores, muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler (NRA)".
"Pretender convertir este problema técnico y administrativo en una ilegalidad masiva es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable”, ha subrayado la patronal.
La retirada de licencias turísticas "no es competencia del Ejecutivo central, sino de las comunidades autónomas", por lo que el intento del Gobierno "de arrogarse esta potestad constituye una invasión flagrante de competencias y un desafío directo al marco constitucional", ha añadido.
"La Junta de Andalucía, junto con otras tres comunidades autónomas y dos asociaciones, ya ha impugnado el Real Decreto 1312/2024 que regula el Registro Único, precisamente por esta extralimitación, y cabe preguntarse qué ocurrirá si los tribunales estiman su nulidad", ha resaltado AVVAPRO.
Señalar como ilegales a miles de viviendas con licencia autonómica "es un ataque al motor económico de Andalucía y de España", según esta asociación.
En provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, "el turismo de corta duración sostiene decenas de miles de empleos y genera un impacto decisivo en la actividad económica", ha insistido.
"Dañar la imagen internacional de España como destino turístico es una irresponsabilidad que pagarán trabajadores, familias y empresas andaluzas", a juicio de la patronal.EFECOM
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