La expropiación parcial del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) iniciada por el Gobierno central sobre la mitad de los terrenos en los que se asienta el establecimiento promovido por Azata del Sol y que se corresponde a la zona de servidumbre marítimo-terrestre se encuentra pendiente de fijar un justiprecio una vez declarada firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación.
A preguntas de los medios en Viator (Almería), el delegado ha señalado que en esta fase se va a proponer por parte de la Administración Pública una cuantificación a la promotora, que alegó en el expediente expropiatorio aunque finalmente sus alegaciones así como su recurso de alzada fueron rechazados, lo que abría la puerta a que la empresa entrara en un procedimiento judicial en el ámbito contencioso-administrativo.
Fernández ha señalado que debe alcanzarse un acuerdo con la empresa a la hora de fijar el coste expropiatorio de los suelos que el Gobierno prevé recuperar así como de la parte del hotel que se asienta en dichos terrenos, que en su caso invaden el dominio público marítimo-terrestre.
No obstante, se ha mostrado consciente de los "recursos sucesivos" que pueden darse al respecto en este mismo trámite destinado a fijar el justiprecio.
"El Gobierno de España está actuando permanentemente con un arreglo a los tiempos más breves posibles para dar respuesta a una situación y restituir la legalidad urbanística" para "recuperar desde el punto de vista medioambiental la playa de El Algarrobico", ha afirmado.
El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero supone la expropiación de solo la mitad de los 32.654 metros que ocupa el hotel enclavado en el sector ST-1, correspondiente a la zona de dominio público marítimo-terrestre, ya que la otra mitad se adentra en el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sobre el que es competente la Junta de Andalucía.
El Gobierno andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria como método para propiciar la demolición del inmueble e insistió en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003; una cuestión que depende del Consistorio.
Desde el Ejecutivo se ha defendido la necesidad de ocupar la parte de la construcción que invade la zona de servidumbre, esto es, los cien metros de anchura en el tramo litoral, para así poder proceder a la expropiación forzosa, que se fijó inicialmente en el plazo de cinco meses desde febrero, y agilizar la demolición del edificio.
Frente a ello, Azata del Sol alegó el pasado 12 de mayo para intentar anular el procedimiento al entender, entre otras cuestiones, que los terrenos a expropiarse no estaban bien delimitados y no se reflejaban todos los datos en relación al inmueble. La propia promotora llegó a aportar un informe pericial para tratar de evidenciar la "incorrecta" descripción.
De igual modo, desde la mercantil se cuestionaba si el procedimiento reunía las suficientes garantías legales al tiempo que contemplaba cierta falta de justificación a la hora de expropiar los terrenos.
Frente a ello, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe preceptivo a partir de un documento técnico encargado a los servicios técnicos de la Dirección General de la Costa y del Mar para respaldar la necesidad de ocupación esgrimido para validar el proceso.
En este sentido, desde el Gobierno han defendido la correcta identificación de los suelos a expropiar al delimitar tanto su ubicación como la parte correspondiente al terreno afectado por la Ley de Costas, al afectar a una zona litoral, y que está ocupado por gran parte del hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas a medio construir.
Así, han apuntado la imposibilidad de mantener el inmueble en el lugar en el que se encuentra al tratar se de un suelo declarado no urbanizable y que, además, ha sido declarado judicialmente como espacio natural protegido, más allá de que el permiso por el que se autorizó la construcción no haya sido aún anulado.
Recalcaba así que el uso y destino del hotel es "incompatible" tanto "con la zona de servidumbre de protección" como en su "inclusión en el área del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)" de Cabo de Gata.
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