Madrid, 1 ago (EFE).- Los principales partidos políticos han pedido a sus cargos revisar y "actualizar" sus currículums después de las dimisiones de la popular Noelia Núñez, el socialista José María Ángel y el consejero extremeño Ignacio Higuero por falsear la información oficial sobre su formación.
El PP ha pedido a sus cargos "actualizar" las informaciones relativas a su formación y su experiencia laboral para evitar posibles errores, según han explicado a EFE fuentes del partido, que añaden que estas revisiones se están llevando a cabo para "poner al día" los historiales profesionales de sus cargos y dirigentes.
A la polémica por los currículums se refirió ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró que "cuando un político falsea su currículum debe ser corregido de forma inmediata", pero consideró más grave falsificar un título porque, a su juicio, no se trata ya de "un supuesto de ética, sino en un supuesto delictivo".
Por ello, se mostró a favor de un sistema para contrastar la autenticidad de los títulos cuando sean exigibles para ejercer un cargo público y recordó que en el pasado era obligatorio presentar estos documentos compulsados.
Por su lado, fuentes socialistas han dicho que desde Ferraz han solicitado a sus cargos "revisar" la información sobre sus estudios y su experiencia laboral que está publicada en las diferentes páginas webs de las instituciones y organismos públicos para comprobar que los datos son correctos.
En Vox precisan que cuentan con una plataforma en la que sus candidatos y cargos electos deben aportar sus datos personales, los relacionados con su formación, la vida laboral y un certificado de antecedentes penales, que posteriormente son revisados por la Secretaría General.
Fuentes de la formación han explicado a EFE que el énfasis en estas revisiones de currículum y documentación se pone sobre todo en los candidatos con posibilidades de ser elegidos y precisan que hasta ahí llega la labor del partido, porque cuando acceden a un cargo público, ese control ya queda en manos de la institución correspondiente.
"Somos más nuevos y más modernos y cuando empiezas de cero y con las herramientas tecnológicas actuales es más fácil", admiten, mientras que "en el PP y el PSOE, con gente que lleva 40 años en el partido, es más complicado".
La dimisión de la ya exdiputada popular Noelia Núñez fue la primera de las tres renuncias de políticos que han tenido lugar en los últimos diez días, todas ellas por falsear información en los currículums.
Núñez dejó su acta de diputada y sus cargos en el PP el pasado 23 de julio después de conocerse que había presentado una información "incorrecta" en el Congreso sobre su formación, ya que decía que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública y no ha terminado estos estudios. Argumentó que se trató de un "error de redacción" y no una "mentira" escribir en su ficha del Congreso que tenía esa formación.
Por su lado, el comisionado para la reconstrucción de la dana, el socialista José María Ángel, dimitió este jueves tras hacerse público un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que indica que usó un título "presumiblemente falso" para acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de Valencia superior al que le correspondía por su nivel de estudios.
Ángel, que ha renunciado también a su cargo de presidente de los socialistas valencianos, insiste en que "jamás" ha falsificado ningún documento y asegura haber sufrido un "ataque injustificado" que le ha causado un daño personal "enorme".
La tercera renuncia ha sido la del extremeño Ignacio Higuero, que fue consejero en el gobierno regional primero con Vox y tras la ruptura del pacto se dio de baja del partido y decidió continuar con el PP en el Ejecutivo de María Guardiola. Se ha conocido este viernes tras trascender que presume de una titulación académica para la que "no ostentaba con la correspondiente certificación", según ha afirmado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano.
Por su parte, Higuero ha explicado que su renuncia es "una decisión responsable y que no quiere causar ningún perjuicio al Gobierno autonómico". EFE
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