El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado que este martes entrarán en funcionamiento los primeros 315 tribunales de instancia y también 4.818 oficinas de Justicia.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el departamento liderado por Félix Bolaños ha apuntado que los tribunales son los pertenecientes a la primera fase de la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero.
El Ministerio ha apuntado que en esta fase I se activan 236 tribunales de instancia en comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y 79 en el territorio gestionado por el departamento.
"A lo largo del año se completarán otras dos fases: 16 nuevos tribunales el 1 de octubre y 100 adicionales el 31 de diciembre, hasta alcanzar los 431 tribunales de instancia en todo el territorio nacional", ha apuntado Justicia.
En esta línea, el Ministerio ha especificado que cada tribunal de instancia contará además con un nuevo modelo de oficina judicial "que centralizará los servicios comunes, permitiendo aprovechar de manera óptima los recursos disponibles".
"La experiencia de este nuevo modelo de oficina judicial en un juzgado de Badajoz ha permitido constatar una mejora de los tiempos de resolución de juicios, bajando los asuntos pendientes más de un 40% y aumentando la ejecución de resoluciones en un 70%", ha sostenido Justicia.
ACERCAR LA JUSTICIA "A TODA LA CIUDADANÍA"
En este contexto, este mismo martes se pondrán en marcha también 4.818 oficinas de Justicia en el municipio, en los partidos judiciales que forman parte de esta primera fase.
"Estas oficinas permitirán acercar la Justicia a toda la ciudadanía, incluso en localidades sin sede judicial, facilitando trámites como la obtención de documentación judicial, presentación de escritos, atención a víctimas o conexión por videoconferencia con juzgados. Se trata de un nuevo modelo de atención descentralizada y digital, que garantiza el acceso igualitario al servicio público de Justicia", ha asegurado el Ministerio.
Por comunidades autónomas, Andalucía pone en marcha 70 tribunales de instancia; Galicia 38; Cataluña 33; Comunidad Valenciana 24; Aragón 13; Asturias 13; Comunidad de Madrid 14; Navarra 4; Canarias 9; País Vasco 9; Cantabria 7 y La Rioja 2.
En los territorios con competencia estatal, según Justicia, la implantación se ha realizado al 100%, cumpliendo los plazos establecidos por la ley, activándose 31 tribunales de Instancia en Castilla y León, 8 en la Región de Murcia, 16 en Extremadura y 24 en Castilla-La Mancha.
"MAYOR AGILIDAD PROCESAL"
El departamento de Bolaños ha añadido que "la nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas, lo que permite una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas".
"Esto permite, por ejemplo, que en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un tribunal de instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez", ha apuntado.
Según los cálculos de Justicia, las comunidades autónomas con competencias transferidas lograrán un ahorro acumulado de 290 millones de euros en los próximos diez años. "Y para facilitar esta transformación, el Ministerio ha transferido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que se suman 25 millones destinados a soluciones tecnológicas", ha desglosado.
Por último, el Ministerio también ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las secciones de Violencia sobre la Mujer, que se integrarán en los tribunales de instancia y asumirán desde octubre todos los delitos de violencia sexual, cumpliendo así el Convenio de Estambul. Además, se crean tres nuevas secciones especializadas en violencia sobre la infancia y adolescencia en Madrid, Barcelona y Málaga.
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