El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha aclarado a la Unión del Pueblo Navarro (UPN) que no podrá estar presente en la declaración como imputado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, prevista para el próximo lunes por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, al tiempo que le ha recordado que debe coordinarse con las demás acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada del PP.
Así lo acuerda Puente en una providencia donde responde a un escrito de UPN en el que pedía estar presente en dicho interrogatorio. El magistrado indica que ya decidió en su día que fuera el PP, por ser la primera acusación popular que quedó personada, la que se encargara de representar a las demás en todas las actuaciones de la causa, incluidas las declaraciones.
"En consecuencia, es obvio que, en lo sucesivo, deberá dirigirse a este tribunal bajo la representación referida, no siéndole admitidos escritos presentados en otros términos, lo que frustraría enteramente el sentido de lo acordado", avisa a UPN.
Aprovecha para subrayar que "las diferencias que pueda mantener con otras acusaciones populares, en el seno de las reuniones que con aquellas pueda realizar, también en el seno de aquéllas deberá resolverlas, y no en esta causa especial que, naturalmente, tiene otro objeto".
Señala, además, que la representación unificada de las acusaciones populares no está obligada a "aportar a las actuaciones cuantos escritos con solicitud de diligencias o de otra naturaleza les sean trasmitidos, sino aquellos que, en el ejercicio de la dirección jurídica única, se consideren conducentes para el buen fin de la causa".
EL TÚNEL DE BELATE
También reprocha a UPN que en su escrito aluda a "unas obras --la duplicación del túnel de Belate-- que no son, en este momento, objeto de las actuaciones, sin que pueda valorarse, por eso, si guardan o no alguna relación con el único investigado aforado", el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que es quien determina la competencia del TS.
En otra providencia, el instructor tiene por personados a los empresarios imputados Joseba Antxón Alonso Egurrola, de Servinabar; Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción; y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Contesta también a la petición realizada por Alonso Egurrola para que le devolviera el ordenador portátil y el teléfono móvil que se le incautaron en el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil efectuó el pasado 10 de junio en su casa.
En la misma línea, Merino solicitó al magistrado "que se aceleren lo máximo posible las diligencias para el volcado de la información contenida en el material que le fue intervenido durante el registro de su vivienda" ese mismo día, como teléfono móvil, documentación y claves correo electrónico.
Puente les responde que, "sin perjuicio de que se tengan por hechas las anteriores manifestaciones y de que se proceda conforme a lo interesado tan pronto como sea posible, no lo es todavía".
"Fácilmente se comprende que la ingente cantidad de soportes de almacenamiento masivo y la extraordinaria magnitud de la presente causa especial han impedido hasta el momento la obtención de copias que garanticen la integridad y autenticidad de los datos, al efecto de devolver los correspondientes originales o entregar copias de las mismas", expone.
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