Madrid, 21 may (EFE).- El juez Santiago Pedraz ha citado el 24 de junio como imputados al exconseller de Salud de la Generalitat catalana Boi Ruíz García y al exdirector de CatSalut Josep María Padrosa en la causa sobre la contratación de Ambulancias Egara, que desde 2015 gestiona el transporte sanitario en varias zonas de Cataluña.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, llama también a declarar en calidad de investigados el 25 de junio a Frances Brosa Llinares, exsubdirector de CatSalut (Servicio Catalán de Salud), y a Josep Antoni Teixidó Fontanillas, quien fuera técnico en el Instituto Catalán de Salud.
Ya para el mes de julio, los días 1 y 2, Pedraz tiene previsto tomar declaración a seis testigos.
Se trata de Francesc Bonet Pedrol, exgerente del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), y de Jaume Heredia Quicios, gerente de la región sanitaria de Girona y director de los servicios territoriales de Salud en Girona.
También han sido llamados como testigos Jaume Estany Ricart -exgerente del Consorcio Sanitario de Barcelona-, Josep Prat Domenech -expresidente del Instituto Catalán de la Salud-, Carolina Pardo Miguel, quien también tuvo cargos en CatSalut y en el Instituto catalán de Salud, y Juan Guerrero.
En la misma providencia, el magistrado pide recabar de la Sindicatura de Comptes los informes que, según expuso el testigo Iván Planas, realizó "en relación al concurso investigado".
En la causa sobre ambulancias Egara se investigan las presuntas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación del concurso público de 2014 para la gestión de los servicios de transporte en la modalidad urgente y no urgente en Cataluña de la que resultó adjudicataria la UTE Egara cuando gobernaba la Generalitat Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) .
La empresa siempre se ha desmarcado de cualquier irregularidad y ha defendido que los contratos de transporte sanitario público en Cataluña le han sido adjudicados de forma transparente y de acuerdo a derecho. Es más, su propietario, Óscar Simón, negó ante el juez haber tenido trato de favor por parte de CDC en adjudicaciones públicas a su empresa. EFE
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