Madrid, 20 may (EFECOM).- El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que ha entrado en vigor este martes, supone para los agricultores un avance para facilitar la contratación de mano de obra pero por debajo de las expectativas que se abrieron cuando se inició su reforma legislativa.
La principal novedad, según fuentes de las organizaciones agrarias, afecta a las figuras de arraigo, el mecanismo existente para que los extranjeros que viven en España puedan regularizar su situación administrativa, porque reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ellas.
Esa reducción de un año en el tiempo exigido para regularizar personas que se encuentren en España es el principal "aliciente" de la nueva normativa, en un momento en que el campo necesita mano de obra, según ha declarado a Efe el responsable de Relaciones Laborales de COAG, Andrés Góngora.
Aparte, Góngora ha señalado que "no hay grandes cambios" pues, a su juicio, cuando se inició la reforma legislativa se generaron "muchas expectativas" y luego se han "desinflado".
"El resto de condiciones se mantienen, de presentar un contrato, empadronamiento (...) va a haber muy poca flexibilidad para lo que nos gustaría; estábamos demandando una reforma más en profundidad; la reforma mejorará un poco la situación laboral pero no arregla problemas de fondo", según Góngora.
Por ejemplo, y de una forma específica para el sector agrario, no fomenta, a juicio de COAG, la contratación en origen, uno de los objetivos para los agricultores, en zonas como por ejemplo Andalucía.
Respeto a los arraigos, ha comentado que ve complejo el contrato por cuenta ajena inicial (una persona que está en su país y que gracias a él puede venirse a España), por aspectos como que tenga tener familiares directos o que se justifique que el puesto no se cubre con desempleados registrados en la provincia.
La organización agraria y las ONG dedicadas a la integración de inmigrantes plantearán "la siguiente reforma" (del reglamento), según Góngora, quien también se ha mostrado favorable a la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regulación extraordinaria de migrantes que lleva un año estancada: "Debe tramitarla el Congreso".
La afiliación de extranjeros al Sistema Especial Agrario (SEA) español se situaba en 246.386 en abril, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; 193.133 personas procedían de fuera de la Unión Europea (UE) y otras 53.253 de países comunitarios.
Esto supondría un 35 % de las 680.114 personas afiliadas a ese sistema en ese mes. EFECOM
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