Patricia Carro
Burgos, 8 may (EFE).- Un año después de que las monjas de Belorado (Burgos) abandonaran la Iglesia católica, el cisma se dirime en los tribunales, con varias causas pendientes que implican a las exclarisas y al arzobispo de Burgos, entre ellas el desahucio del monasterio, cuya resolución todavía está lejana.
El 8 de mayo del pasado año, un grupo de monjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado firmaba lo que denominaron un manifiesto católico en el que anunciaban su decisión de abandonar la Iglesia católica, aunque dicho documento, junto con una carta explicativa, no se harían públicos hasta el 13 de mayo.
Precisamente, el próximo martes estaba prevista la vista oral por la demanda de desahucio presentada por el Arzobispado de Burgos para que las ya exreligiosas -fueron excomulgadas el 22 de junio- salgan del convento, en el que residen ocho excomulgadas -dos se marcharon en verano- y cinco mayores.
Sin embargo, es probable que la cita se suspenda después de que este miércoles sus abogados hayan presentado una petición de recusación contra la jueza que instruye el caso, al cuestionar su imparcialidad, que tendrá que resolver la Audiencia Provincial.
Tras meses de denuncias cruzadas e intervenciones televisivas, ayer las exmonjas y el arzobispo, Mario Iceta, se encontraron por primera vez en los tribunales, en la vista de diligencias previas celebrada en Briviesca por la denuncia contra Iceta por coacciones, administración desleal y revelación de secretos.
Pendiente de resolución está también la investigación abierta tras la venta de 1,73 kilos de oro por 130.000 euros que realizó la exabadesa, Laura García de Viedma, en nombre del monasterio, y por la que está investigada por un delito de estafa indebida junto a otras dos exclarisas.
La economía del monasterio ha centrado la atención desde el inicio, ante la supuesta existencia de una trama inmobiliaria detrás de una decisión que las exmonjas siempre han defendido como doctrinal.
El manifiesto católico, firmado inicialmente por la exabadesa en nombre de la comunidad de Belorado, recogía el argumentario sedevacantista, y las religiosas se acogían en su salida a la jurisdicción del falso obispo Pablo de Rojas, excomulgado en 2019, de la mano de la Pía Unión y el falso cura José Ceacero.
Sin embargo, De Rojas sí llegó a actuar como mediador en la búsqueda de un benefactor que comprara Orduña, después que la Santa Sede frenara la venta de Derio, y las exmonjas no pudieran cumplir con el pago de 1,2 millones para hacerse con Orduña.
El 21 de junio, la fecha marcada por el Arzobispado para que las monjas comparecieran ante el Tribunal Eclesiástico, un grupo de diez religiosas ratificó ante notario y sin pasar por el tribunal su decisión de abandonar la Iglesia católica, un movimiento del que no participaron las cinco hermanas más mayores.
Un día más tarde, el arzobispo firmaba su excomunión y expulsión de la vida consagrada, y tras reclamar de manera reiterada su salida del monasterio, interponía una demanda de desahucio en septiembre.
Para entonces, el cisma de Belorado se había convertido en un conflicto mediático, con presencia casi permanente de periodistas en el convento, aderezado por el desfile de falsos obispos.
A Pablo de Rojas y José Ceacero, que abandonaron el monasterio a finales de junio expulsados por las exmonjas, les siguieron el falso obispo brasileño Rodrigo Henrique Ribeiro Da Silva y Rafael Cloquell, que actualmente las asiste espiritualmente.
El nombramiento del arzobispo en mayo como comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña, con plenos poderes administrativos, patrimoniales y religiosos, sometió a fiscalización las cuentas de la comunidad, con denuncia de "asfixia económica" por parte de las exmonjas.
La respuesta de las de Belorado fue lanzar una línea de chocolates y conseguir una invitación a Madrid Fusion, aunque la organización acabó anulando su presencia; las dificultades para seguir operando con el obrador de Belorado, y la escasez de recursos económicos, las llevó a buscar una alternativa.
Un restaurante en Arriondas (Asturias), alquilado por 1.600 euros al mes, y donde también han comprado un terreno de 7.000 metros cuadrados para sus proyectos con animales, es su último refugio económico, y al que se han trasladado tres de las religiosas.EFE
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