La Comisión Europea ha informado este miércoles de que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no facultar adecuadamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir la nueva Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que impone las normas más estrictas a las grandes plataformas.
Bruselas reconoce que España ha cumplido con la designación de su coordinador de servicios digitales pero denuncia que no le ha encomendado las competencias necesarias para llevar a cabo las nuevas tareas que pide el reglamento europeo, pese a ser un requisito que los Estados miembro debían cumplir desde febrero del pasado año.
El Ejecutivo comunitario considera a estos coordinadores "esenciales" para supervisar y hacer cumplir la DSA y garantizar que se aplica de manera "uniforme" en el conjunto de la Unión Europea. También recuerda que los gobiernos deben, además, establecer reglas claras sobre las sanciones aplicables por las infracciones de la ley europea.
El nuevo marco con el que el bloque quiere evitar prácticas abusivas por parte de las compañías de mayor tamaño en la red exigía que, a más tardar el pasado 17 de febrero de 2024, las autoridades nacionales hubieran designado y facultado a un coordinador de servicios digitales responsable de supervisar el cumplimiento de las nuevas normas por parte de los prestadores de servicios en su territorio.
El caso contra España se remonta a julio del pasado año, cuando la Comisión Europea incoó un procedimiento de infracción por no transponer adecuadamente la DSA en el plazo fijado. A este primer aviso le siguió en el mes de diciembre el envío de un dictamen motivado, segunda fase en el expediente sancionador, que insistía en el incumplimiento y daba a las autoridades españoles un nuevo plazo de dos meses para ponerse al día.
"Dado que no se han adoptado las medidas necesarias, la Comisión ha decidido llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", han explicado los servicios comunitarios en un comunicado. Además de España, Bruselas eleva ante la corte europea los retrasos en la aplicación de la DSA por parte de República Checa, Chipre, Polonia y Portugal.
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