Sevilla, 30 abr (EFE).- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando V.R. por la contratación “ilegal” y “absolutamente irregular” en dicha fundación del exalcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio T.G. “por su sola voluntad, amistad y afinidad política”.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota, el exalcalde percibió 359.973,51 euros tras ser contratado en la Faffe, pese a que “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”.
En la sentencia notificada este miércoles a las partes, el tribunal condena al exdirector general técnico a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo en ambos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.
La Sección Tercera condena al exregidor a dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo igualmente en los dos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.
Además, los dos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 359.973,51 euros, cantidad percibida por el exalcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En la vista oral, celebrada en octubre de 2024, la Fiscalía solicitó para Fernando V.R. cuatro años de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
Para Antonio T.G., por su parte, pidió dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
También solicitó que indemnizaran a la Junta con la cantidad que ha sido finalmente fijada en la sentencia.
Los magistrados han considerado probado que, tras las elecciones municipales de 2003, el exregidor condenado perdió la Alcaldía de Lebrija después de 24 años en dicho cargo, acudiendo “directamente” a Fernando V. “pidiendo trabajo”, a lo que este último accedió “con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe”, un punto “innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público”. EFE
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