El Gobierno defiende que "tiene la obligación" de ejecutar el cierre que firmaron las propietarias de Almaraz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado que las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) firmaron el cierre del primer reactor en 2027 y del segundo en 2028, por lo que el Ejecutivo central "tiene la obligación de llevarlo hacia adelante", en tanto en cuanto "no han mostrado todavía ninguna intención" de solicitar su prórroga.

Tras referirse a la reunión prevista para tomar una decisión al respecto, conocida por los medios de comunicación, ha mantenido que el Gobierno "no podía quedarse parado", motivo por el que ha presentado la licitación para diseñar los trabajos de desmontaje de esta central nuclear, porque en caso contrario "podría haber una responsabilidad patrimonial de las empresas que podrían reclamar al Gobierno", ha especificado.

Por tanto, "lo que está haciendo (el Gobierno) es cumplir con su obligación en este sentido", ha señalado Quintana, quien ha abundado en que cinco de las siete nucleares del país han parado su actividad en los últimos días "por un asunto exclusivamente económico".

"Que no nos cuenten ninguna otra historia, exclusivamente económico", ha reiterado, para incidir en que "la energía nuclear, lógicamente, pues ha dejado de ser una energía barata".

Al mismo tiempo, ha expuesto que "parece" que todos están de acuerdo en que los residuos "debe de pagarlo quien los genera" y que los de una central nuclear "se mantienen durante siglos", por lo que "hay que hacer los almacenamientos de esos residuos a lo largo del tiempo, y eso tiene que ser gestionado en este caso por la administración pública, y tiene que ser pagado por las propias empresas que lo generan".

Los residuos, ha apuntado, los gestiona Enresa y "no sería lógico" que los tuvieran que pagar el resto de los ciudadanos. "Entiendo que los residuos los tienen que pagar las empresas", ha dicho sobre la denominada 'tasa Enresa', en relación a la cual ha recordado que está recurrida y que la misma calcula los importes que tienen que pagar las empresas.

Así, "lo bueno que tiene" el que esté recurrida por parte de las empresas es que "será un tribunal quien determine qué cantidad son las que tienen que pagar". "Ya no es discutible. No es un impuesto, es una tasa para que la administración pública gestione esos residuos" durante "siglos", ha remarcado.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a los medios tras presidir una reunión de trabajo sobre inserción laboral de migrantes, y también ha sido interpelado por la conclusión de las obras en la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz.

Sobre esto último, ha explicado que la vía tiene fecha de entrega en junio, por lo que se encuentra en plazo. "Evidentemente la empresa está trabajando", aunque no ha querido aportar ninguna fecha "porque hasta junio no hay ninguna obligación".

Mientras, y sobre el atropello registrado este lunes en Cáceres, cuyos presuntos autores se han dado a la fuga, José Luis Quintana ha indicado que la Policía Nacional "investigó en un primer momento" el caso, lo pasó a la Fiscalía, se identificó el vehículo, y desde el Ministerio Fiscal se ha determinado que continúe con la investigación la Policía Local.